Entrevista al Presidente del Consejo General. Febrero de 1984

“… EMPEZARE YO”,

-   Para empezar, Sr. Vicente Mosquete, ¿cuál es el papel del Presidente del Consejo General?

-   Al Presidente del Consejo General, de acuerdo con el reglamento de este Órgano, le corresponde la representación del Consejo y el asegurar el funcionamiento ágil del mismo. De manera complementaria se le han ido encomendando otras funciones dentro del ámbito, sobre todo, de las relaciones interinstitucionales, acción reivindicativa, relaciones internacionales, etc.

-   ¿Cómo evaluaría, desde el punto de vista del Consejo General, el año 1983?

-   A mi juicio se trata de un año importante. Ha significado, sobre todo, la puesta sobre el tapete de la práctica totalidad de los problemas estructurales, políticos, económicos, laborales, asistenciales, etc., que la ONCE tiene planteados.

En concreto, yo destacaría los siguientes aspectos: incorporación de una nueva generación de afiliados a responsabilidades directivas, mayor equilibrio entre los distintos órganos -Delegación General, Consejo General y Consejo de Protectorado; aclaración de los planes y las prioridades globales de la ONCE en los terrenos educativo, cultural, asistencial, etc.; también se ha ofrecido una nueva imagen en las relaciones interinstitucionales, se ha producido un incremento de la colaboración con otros organismos y se ha realizado una intensificación y revisión de la línea de la ONCE en mate­ria reivindicativa.

En lo que se refiere a los aspectos económicos y laborales, el año pasado supuso el mantenimiento del valor adquisitivo de los salarios circunstancia que no se producía desde hacía algunos años- y el aumento de la venta del cupón dos puntos por encima del incremento experimentado por el índice de precios al consumo esto no ocurría desde 1980.

Además, se ha conseguido un crecimiento controlado de los gastos de la Caja de Previsión Social y se han dado los primeros pasos hacia la normalización laboral del personal. Asimismo se han introducido algunos técnicos en la estructura de la Delegación General.

Por último, creo que la historia definirá el año 1983 como aquél en el que se gestó y preparó la reforma del nuevo cupón de la ONCE, después de va­rias décadas en que no habíamos modificado nuestra oferta comercial. El éxi­to inicial de la reforma no es, por supuesto, la panacea de los demás problemas que todavía, tenemos pendientes, pero constituye un medio importante que ahora nos corresponde aprovechar.

-   ¿Qué demandas ha visto satisfechas la ONCE durante 1984 y cuáles tie­ne planteadas para el presente año?

-   Como dije anteriormente, la política reivindicativa que la ONCE ha seguido constituye una novedad respecto a etapas anteriores. Estamos convencidos de la necesidad de nuestra reivindicación, en muchos casos, de manera solidaria con otros grupos de minusválidos, en aquellas materias que son responsabilidad de la Administración y que se refieren a los derechos e intereses de los deficientes visuales, en particular, o de la ONCE como entidad.

Durante el año pasado, se concentraron los esfuerzos en el establecimiento de un marco legal del mercado del juego, racional y coherente, en que se proteja a las loterías con función social, se aclaren las competencias entre los distintos organismos de las Administraciones Públicas, se garantice la erradicación de modalidades ilegales de juego, etc.

Respecto al Ministerio de Trabajo, se ha insistido, sobre todo en buscar una solución para la Caja de Previsión Social. El problema está siendo abordado en una comisión negociadora ya constituida, entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la ONCE, También se ha tratado el tema de la creación de un marco que favorezca el empleo de los deficientes visuales, especialmen­te en el sector público.

—   ¿Nos podría comentar en que situación se encuentra el trato fiscal para, los ciegos y el empleo de estos en la Administración?

-   En cuanto a la cuestión fiscal, ya hemos conseguido la rectificación  del R.D. Ley 24/82 en el que se establecía un tope de ingresos anuales de  500.000 pesetas, para poder beneficiarse el ciego o gran minusválido de la deducción sobre la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas. También hemos logrado el reconocimiento explícito del carácter no gravable de las pensiones C.P.S.

. Por otro lado, hemos presentado una propuesta -apoyada por otros sectores de minusválidos al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Secretaría General de la Seguridad Social para que se establezca, una deducción mayor, que se encuentre vinculada a una magnitud revisable periódicamente como por ejemplo el salario mínimo interprofesional. Pretendemos que, al menos, los gastos que se originen a los grandes minusválidos, como consecuencia de su defi­ciencia para llevar una vida equiparable a los demás ciudadanos, no sean afectados por ninguna imposición de carácter fiscal.

Por lo que se refiere al empleo en el sector público y las normas que lo facilitan o lo promueven, pese a nuestra insistencia, únicamente hemos conseguido un R. D. de desarrollo de la Ley de Integración Social de Minusválidos que viene a recoger y sistematizar las normas preexistentes.

A nivel autonómico, especialmente la Generalitat -y se halla en estudio también en el Gobierno Vasco- se han dictado algunas normas de protección y reserva de puestos de trabajo de telefonistas u otros para ciegos.

En éstos, como en los demás temas, el año 84 ha de significar un paso adelante importante y, para ello, se pondrá en marcha un plan reivindicativo, sistemático, con el fin de optimizar los resultados en este campo.

-   ¿Cuál es el balance de funcionamiento del Consejo General desde su constitución, hace ya casi dos años?

—   Pienso que el balance vendrá dado por los resultados que se obtengan en las próximas elecciones, es al electorado a quien corresponde esta tarea. De todas formas, considero que se ha avanzado de un modo importante en los  siguientes planos: en el establecimiento de un mecanismo ágil de funcionamiento del Consejo General, la progresiva superación de una cierta sindicalización del mismo, la mejora en los niveles de estabilidad -dado el hecho de que no existen pactos formales y permanentes— y en la clarificación de los distintos papeles que les corresponden al Consejo y a la Delegación Genera.

En conjunto, creo que puede decirse, con justicia, que el Consejo Gene­ral ha supuesto para la ONCE el impulso de una dinámica renovadora y democratizadora y la existencia de un órgano de gobierno permeable a las aspiraciones de los miembros de la entidad y, asimismo, verdaderamente independiente y autónomo frente a la Administración. Ingredientes estos que definen el au­togobierno de los ciegos.

-   ¿Cambiaría mucho el mapa electoral de celebrarse elecciones en este  momento?

—   En primer lugar, me gustaría significar que considero que uno de los indicadores más claros del asentamiento del sistema democrático es el respe­to de los períodos de mandato. Pienso, por otra parte, qué carecemos de datos para responder a la pregunta con objetividad. El tema, a decir verdad, tampoco me preocupa demasiado, sobre todo, si somos capaces de llevar a cabo las transformaciones fundamentales durante esta etapa.

—   Para finalizar, Sr. Vicente Mosquete, ¿cómo resumiría su gestión durante estos dos años?

-   Sobre mi gestión personal, he de decir que, además de poner el mayor empeño en el cumplimiento estricto de las competencias reglamentarias y de los encargos específicos o permanentes que me ha encomendado el Consejo, he empleado mucho tiempo y esfuerzo trabajando por la clarificación de posicio­nes mayoritarias dentro del Consejo, por el acercamiento de posiciones entre los distintos grupos, tanto más necesario, cuanto que en este Órgano no ha existido una mayoría absoluta automática. En fin, armonizando posiciones, estimulando propuestas, función que me parece esencial en un momento de trans­formación como el que hemos vivido.

En otro orden de cosas, he entendido siempre que la función del Presidente del Consejo, por encima de atribuciones reglamentarias, debía contribuir de manera particular a la defensa del sistema democrático, a la instalación de un clima de diálogo en el seno de la entidad, a garantizar el respe­to a la libre expresión de las ideas por parte de todos -incluidas, claro está, las minorías- en una palabra, al reforzamiento de hábitos y actitudes democráticas y unitarias que contrarresten la tendencia que, en ocasiones, se da en los primeros momentos de ampliación de canales de participación, la tendencia a un cierto sectarismo y a posiciones maniqueas. Más de una vez he recordado, y me lo he planteado como horizonte de mi actuación, la frase que los historiadores atribuyen a Manuel Azaña, al indultar la pena de muerte a que había sido condenado el General Sanjurjo por su levantamiento contra la República en 1932. En aquella ocasión Manuel Azaña dijo para explicar la ex­trañeza de muchos de sus conciudadanos por la medida tomada: “Alguien tiene que empezar a no matar en este país; empezaré  yo”.

Me gustaría haber hecho algo en esta dirección, aunque en ocasiones se haya interpretado como cesiones o inseguridades, algo para hacer irreversi­ble el asentamiento de un sistema democrático en la ONCE y hacer avanzar actitudes positivas de diálogo y de entendimiento entre todos los miembros de la Entidad.