Maniatar a los ciegos. Junio de 1986

“Un viejo cínico amigo mío solía decir: “esto del juego es la única religión que queda”. Yo pensaba que estaba ya entre las religiones desaparecidas, pero aún parece que sigue teniendo su culto secreto” (Pío Baroja).

Hoy, más que nunca, según las estadísticas, lo tiene, y no sólo a la altura de ese individuo solitario que aventura toda su esperanza a la posibilidad de que una máquina le devuelva unas cuantas monedas demás -el azar es muchas veces el recurso último de la necesidad y otras de la esperanza- sino incluso al nivel de quienes se supone que han aceptado el reto de moldear otro esquema de realidades, otro modelo de sociedad.

Hoy más que nunca, según datos más o menos fraccionarios, cuando no rigurosamente secretos (y no olvidemos que lo secreto por lo general suele ser estrictamente vergonzante), España se encuentra catapultada hacia el primer puesto del ranking mundial del mercado del juego. Tan pronto se dio luz verde aquí a esta dimensión (acaso sucedáneo) de la libertad -año 1977- España rebasó los límites de lo previsible. ¿Por qué.

La rotundidad de las pocas cifras que trascienden sobre el particular en buena lógica debiera sonar a “alerta roja” en la sensibilidad de quienes, desde el anonimato ciudadano o desde la responsabilidad de pilotar los asuntos públicos, nos preocupamos por lo que haya de ser nuestro presente y nuestro futuro como colectividad. El saldo interior bruto -verdaderamente bruto del mercado del juego no es, al parecer, una señal de alerta codificada en el universo teórico keynessiano, ni debe ser tampoco rasgo concluyente para definir una “idiosincrasia” pesimista sobre el pueblo español -sobre la que articular soluciones autoritarias-, pero sí parece un buen trasunto más o menos calcográfico de una realidad social preocupante y estadísticamente anormal.

Conjugamos unos datos nada gratuitos: los españoles gastamos el año pasado en juego casi 2,5 billones de pesetas, que, traducidos a cifras macroeconómicas, supone unas pesetas por persona y, en términos de economía doméstica, un 15% del presupuesto familiar. ¡Espeluznante.

Sería derrotista tomar estas cifras como un índice de desesperanza o de desidia social -que lo son en buena manera- lo mismo que sería insensato jalearlas a ritmo de pandereta como peculiaridad original. No. Seguramente es más correcto, más responsable, traducirlas mentalmente a esa secuencia dramática (y por supuesto secreta e intrascendente casi siempre como tal), que cabe imaginar en muchos hogares españoles cuando el padre-madre-hijo vuelve a casa zarandeado por el azar y con los bolsillos vacíos. El desenlace de esta escena -presumiblemente más frecuente en España que en cualquier otro país- no lo relatan las estadísticas, siempre pudorosas en eso de emparentar causas y efectos, pero es más que probable que en ocasiones se resuelva en las páginas de sucesos y, si no, simplemente en cierta infelicidad inconcreta y difusa.

Y no se mata la causa –ya se sabe- estrangulando el efecto sin más; pero desde luego no se la hostiga cuando se intenta navegar a favor de sus aires, cuando se parasita sobre ellos, aceptando la coartada liberal de su filosofía. Puede que estemos en esas… por más que el asunto, amparado en un disfraz de menudencia, aparezca incapaz de asaltar los titulares de la prensa.

De lo general a lo concreto

Existe ahora mismo en el Congreso de los Diputados -Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986- uno “letra pequeña, tan silenciosa como desasosegante. Y los ciegos lo han visto.

Es la disposición adicional 19. Dice así: “la OrganizaciónNacionalde Ciegos Españoles precisará acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de Trabajo y Seguridad Social para poder variar en todo o en parte los términos, características, modalidades, frecuencia, cuantía, en general cualquier aspecto de los sorteos respecto a los celebrados durante el primer semestre de 1985″.

Se trata de un texto que tiene a refundir un otro que la misma ley de presupuesto recoge unas líneas más arriba en la disposición adicional 17.3 y que, en síntesis, dice que aquellas entidades “que disfruten de beneficios fiscales en el régimen de tasa sobre el juego, necesitarán, con independencia de las autorizaciones que en su caso deberán obtener de conformidad con la normativa vigente, de otra especial del Ministerio de Economía y Hacienda en cuanto no se ajusten a las condiciones, formas, modalidades y cuantías con que se practicaron durante el primer semestre de 1985.

Tales son los términos de un problema que ha llevado la zozobra a los ciegos españoles. Porque si esta literatura oficial podría entenderse correcta y deseable, si naciese con voluntad de aplicarse a la generalidad (la bondad de una ley al fin y al cabo no la determina tanto su mismo contenido cuanto su virtualidad de que sea igual para todos), deja de serlo cuando se advierte dirigida a una finalidad concreta -sobreentendida en la adicional 17; expresa en la 19-, que no es otra que maniatar y controlar a una de las pocas organizaciones del juego ya controladas:la ONCE. Asíuna disposición que, si pudiera tomarse en términos generales, podría definir una buena intención -aunque acaso insuficiente- para afrontar el acuciante problema del juego en España, reducida a la realidad de su génesis, sirve para descubrir tan sólo las “verdaderas intenciones” de los responsables políticos respecto al asunto: una filosofía pacata, esencialmente incapaz, al parecer, de sustraerse y elevarse por encima de aquella otra mezquina, que en buena parte informa las reglas del juego mismo y del poder político: el lucro y el control respectivamente. Dos conceptos legítimos y necesarios seguramente, por cuya redefinición ha batallado a su modola ONCE, arropando del uno -el lucro- de una dimensión social y ubicando el otro –el control- a horcajadas entre la más estricta responsabilidad y la más deseable autonomía en la gestión. De alguna forma cabría decir que ese ha sido el doble campo de juego, el doble horizonte que empieza ahora a tambalearse por obra y gracia de estas dos disposiciones adicionales. Por eso ha cundido la alarma entre los ciegos.

Así se escribe la historia

La historia, según ellos, viene de lejos. Cuando menos desde que el decreto del 25 de febrero de 1977 -uno más en el desfile del abanico de las libertades- daba luz verde de al juego en España. El fenómeno precisa sin duda de un buen sociólogo que lo investigue y explique, porque el impacto del juego en nuestro país desbordó todas las previsiones y se ha desarrollado luego de forma tan aceleradamente sostenida -tan peculiar, en definitiva- que hoy puede afirmarse, como algún periodista ha hecho sin exageración, que España es “una gran ruleta”, con todas las presumibles consecuencias sociales que eso comporta. Además de ser el país del mundo que más dinero gasta en juego, es, al menos, en Europa, el que más juegos de azar tiene legalizados. Actualmente son diez: lotería nacional, lotería primitiva, quinielas de fútbol, cupón dela ONCE, carreras de galgos, frontón, quiniela hípica, bingos, casinos y máquinas tragaperras.

Son precisamente éstas últimas -junto con bingos y casinos- las que revolucionan sustancialmente este mercado. Las tragaperras -que hoy canalizan más del 60% de la cantidad global que los españoles invierten en juego- han devenido en una gigantesca infraestructura, sutilmente conectada con la industria hostelera pero concentrada en muy pocas manos, que por lo demás no han generado un número de puestos netos de trabajo acorde con el volumen de dinero que maneja.

Ante esta nueva configuración del mercado del juego en España, la primera entidad que reaccionó entre las gestoras de juegos tradicionales (todos ellos estatales o paraestatales), fuela ONCE. Atentapor su propia especificidad a esta nueva realidad y sin quela Administraciónopusiese mayores reparos, la organización de ciegos modificó la estructura de su cupón en enero de 1984.

La iniciativa, probablemente inexplicable por otra parte si no se enmarca en el proceso de reestructuración interna dela ONCE, que por primera vez había logrado organizar democráticamente y dinamizar su propia imagen y funcionalidad, conectó con alguna fibra real de la opinión pública o del sentido común que, a más de un mecanismo impositivo, atisba quizá en el juego alguna virtualidad social, como sería esta de afrontar con él los problemas de sectores marginales difícilmente asumibles desde la lógica espartana del sistema económico. Sea como fuere -y cabe pensar que fue por algo más que por mera casualidad o simple acierto publicitario- el nuevo cupón dela ONCEfue un éxito.

La ONCEduplicó ampliamente en 1984 sus ventas con respecto a las del año anterior y ello le permitió acometer una serie de reformas estructurales profundas, entre las que habría que contemplar en primer lugar la dignificación misma de los vendedores. Es así como en 1984 -¡por fin!- Se llega a la firma del primer convenio colectivo del personal dela Organización, que de algún modo debe interpretarse como el primer logro objetivable en el proceso de organización laboral de un colectivo, en buena parte condenado hasta entonces a la insegura condición de “comisionista”, cuando no a la humillante condición del quasi-mendicante. Tal puede ser el significado -más cualitativo que cuantitativo estrictamente- del primer convenio colectivo dela ONCE.

El segundo, firmado el pasado 16 de julio de 1985, avanza en esa misma dirección de “homologación” laboral de los trabajadores dela ONCEy da cabida a una reivindicación difícilmente escandalosa a estas alturas de la historia sindical: el descanso de los sábados. Para afrontar esta conquista de sus trabajadores,la ONCEarbitra la solución del sorteo extraordinario de los viernes, con el que se propone recaudar estrictamente –ni una peseta más, tal es su compromiso- el “lucro cesante” (lo no percibido) por la eliminación del sorteo de los sábados. La operación, dada la saturación del mercado del juego, entraña riesgos evidentes que sus diseñadores -y los resultados están ahí- encaran con imaginación y, nuevamente, con el viento favorable de una innegable simpatía popular, que de alguna forma definen los límites y finalidades posibles de esta polémica “industria del azar”.

La puesta en marcha de este “sorteo extraordinario de los viernes” encuentra, sin embargo, una decidida oposición del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, cuando el Consejo de Protectorado -órgano de tutela del Ministerio de Trabajo, que enlaza jurídicamente ala ONCEconla Administracióny fiscaliza todas sus actividades- le comunica el proyecto. El dictamen y las conversaciones subsiguientes a aquella negativa de Loterías destilan una literatura subterránea que ilustra en buena medida sobre las verdaderas motivaciones de la postura dela Administración. Trasuna apelación al carácter “monopolista” del Estado en materia del juego -un principio caricaturizado, sino quebrado de hecho por la realidad actual-, el dictamen argumenta textualmente que “el nuevo sorteo que pretende introducirla ONCE, supone una nueva lotería que pone en peligro, por el mercado que asumen sus características, a la lotería nacional, que debe ser mantenida como fuente de ingresos”. Prevalece, pues, paladinamente una preocupación recaudatoria del Estado, que ve enla Organizaciónde Ciegos una simple competidora de la lotería nacional (cosa difícil de demostrar por otra parte con datos estadísticos), obviando cualquier otra consideración de índole laboral o social, que está en la base argumental del sorteo y de la propia Organización.

Obstruida la vía del diálogo y asesoradala ONCEcon el parecer a su favor de algunos expertos (como el catedrático de derecho administrativo senior Muñoz Machado), que, a partir de un exhaustivo análisis de la legislación vigente, entendían quela ONCEno debía someterse a la gestión del cupón a ninguna otra autorización que la de su Consejo de Protectorado, el 4 de octubre del presente año se celebraba el primer sorteo extraordinario de los viernes.

La Administración-que no encontró armas en la legalidad vigente para frenar como quería el nuevo sorteo-, respondía poco después introduciendo enla Leyde Presupuestos las dos disposiciones adicionales antedichas (y nótese en ellas su marchamo retroactivo teledirigido a la posibilidad de abortar en cualquier instante el sorteo de los viernes), que algunos interpretan en términos de represalia y que, para el delegado general dela ONCE, supone “el atentado más grave a la integridad institucional dela ONCEdesde la fecha de su creación”.

Desactivar ala ONCE

La ONCE, una entidad nacida de una concesión graciable el 13 de diciembre de 1936 y desarrolladas siempre sobre la precariedad jurídica de una “constitución” particular que nunca sobrepasó el rango legal del decreto, vería así suprimida de un brochazo (con rango de ley en las adicionales o de un nuevo decreto, que es la alternativa amenaza que le ofrecen) no sólo su respetable aspiración de avanzar, desde unos supuestos de democracia interna, hacia una autonomía cada vez mayor y más operativa, sino su horizonte mismo como institución intermedia entre la sociedad y el Estado, capaz de integrar y afrontar los problemas de un colectivo dispuesto a encarar su futuro por sí mismo.

Contienen, pues, esas dos disposiciones (y el decreto alternativo) bastantes ingredientes para el desaliento o la inquietud. De una parte resucitan en la 11 viejos recelos endémicos, no ya sobre sus posibilidades de autogobierno, sino de su misma consistencia jurídica, como institución. Desde otra perspectiva, más genérica y profunda, traslucen una concepción decepcionante y miope respecto al juego por parte de una Administración que enfrenta esta realidad con criterios meramente recaudatorios. Así de alicortos; así de sorprendentes.

Alicortos por evidencia, por lo impresentable que resulta la imagen de todo un aparato estatal para seguir dando por socialmente sobre las esperanzas y grandes esperanzas de sus ciudadanos. Sorprendente cuando –abiertas aún las interrogantes respecto a la filosofía y la misma fiscalidad del juego- su celo se aplica precisamente sobre la única organización de los involucrados en este mercado, efectivamente tan controlada porla Administración.

Maniatar ala ONCE-a más de abortar simbólicamente el germen de lo que pudiera dar lugar a una posible redefinición del juego- puede interpretarse ahora mismo también en una forma de castigar la imaginación, que desde otros puestos se reclama en la gestión de las empresas públicas.

Mientras desde algunos sectores privados se ha llegado a retar al Estado (“a ver si tienen cojones para hacer una ley del juego”, se ha dicho y escrito, sin que nadie haya recogido el guante),la ONCEha encabezado todas las gestiones para reclamar una ley del juego en España. Por algo será. No han librado esa batalla los casinos, ni los bingos, ni las tragaperras, ni siquiera -que se sepa- la lotería nacional. Se lo trabajó una ONCE -recién asentadas sobre la euforia de sus viejas aspiraciones democráticas -que, antes de las elecciones generales del 82 recorrió, por así decirlo, las sedes de los partidos planteando el grandioso problema. Muchos de los contendientes electorales (incluidos AP y PSOE, por escrito está), prometieron entonces sobre el papel una ley del juego que, a la vista de las cifras, no era ciertamente una cosa baladí. Sólo que la promesa, por lo visto, era electoral tan solo.

Las dificultades de una ley del juego, complicadas incluso con la articulación de las competencias de algunos gobiernos autonómicos en la materia, son evidentes, pero no insalvables, y desde luego serán tanto más imposibles cuanto más se tarde en encarar un problema que crece a ritmo de hidra o de tumor en la sociedad española.

El juego en España, cuestión de disparate

En efecto, la economía del juego en España obliga casi a un acto de fe, por increíble. Las estadísticas -por más que en este campo sean en gran medida “estadísticas del parapeto”- suenan a esperpento o disparate.

El primer elemento sospechoso a la hora de valorar lo que es el juego en nuestro país, reside en la dificultad misma de obtener unos datos fiables. Es fácil detectar en torno a ellos tal propósito de secretismo y ocultamiento que cuesta más trabajo creer en ellos.

Es posible, sin embargo, a partir de fuentes dispersas pero básicamente solventes, componer un cuadro aproximado de lo que los españoles se gastan en el juego durante el año 1984. En grandes cifras quedaría como sigue:

tragaperras 1.500.000 millones de pesetas

Bingos 253.746 millones

casinos 70.000 millones de pesetas.

Lotería nacional 275.000 millones de pesetas.

Quiniela de fútbol 53.531 millones de pesetas.

Quiniela hípica 4.990 millones de pesetas.

Cupón dela ONCE104,599 millones de pesetas.

Total 2.261.868 millones de pesetas.

Las cifras -salta a la vista- son en unos casos (tragaperras y casinos) más bien estimativas, lo que de por sí informa ya de su insuficiente grado de control; en el otro (ONCE, lotería y quiniela), ajustadas a su exacta realidad.

Si a esta relación añadimos el fleco de los demás juegos legalizados (la recién implantada lotería primitiva podría arrojar en 1986 unas ventas de 130.000 millones, según las previsiones) y de los no legalizados, la suma total ofrecería una pista segura para calibrar el formidable impacto del juego en la economía nacional y en la doméstica.

La siguiente reflexión obligatoria ha de referirse de inmediato al grado de fiscalidad que cada tipo de juego comporta; es decir, a los porcentajes de esas cantidades que ingresan en las arcas del Estado.

También aquí los datos se resisten frecuentemente a la transparencia, aunque se puede deducir de algún modo y una vez sistematizados, aportan una información cuando menos indicativa. Cada sector en este punto presenta sus peculiaridades.

Manejando los resultados del año 1984, la lotería nacional, que desde su creación por las Cortes de Cádiz en 1812 mantiene el esquema y la filosofía del “juego nacionalizado”, habría vendido un 92.3% de su emisión con un volumen de recaudación global de 275.000 millones de pesetas. De esa cantidad -que el presente año pudiera incrementarse, pues su misión prevista se cifra en 363.250 millones-, durante el año 84 ingresó en el tesoro unos 82.500 millones, lo que representa aproximadamente el 30% de su volumen de ventas.

Las quinielas futbolísticas, sector también administrado por el estado, aunque con un reparto de beneficios peculiar, como peculiar es su mismo calendario, ajustado al de la liga de fútbol, habrían recaudado durante la temporada 84-85 un total de 53.531 millones de pesetas. El 67% de esta cantidad se destina a premios y gastos, pudiendo considerarse el 33% restante (17,666 millones en términos absolutos), como ingresos del Estado, que los canaliza a través de las diputaciones provinciales (el 11%, esto es, 5,889 millones en la pasada temporada) y el Consejo Superior de Deportes (el otro 22%, que supuso 11.777 millones).

La quiniela hípica, con una recaudación de 4.990 millones de pesetas durante el año 84 -y con tendencia a la baja durante este ejercicio- distribuye sus ingresos de acuerdo a los siguientes porcentajes: 55% para premios, 13,5% para obras del hipódromo, otro tanto para posibles beneficios (de los que habrá que descontar el 11,5% que va a Televisión Española), un 15% para gestión administrativa de la propia quiniela y, en fin, un 3% para Hacienda, lo que traducido a cifras reales, habría ascendido en1984 a149 millones de pesetas.

Más difíciles de objetivar son las cantidades relativas a los casinos. Las estimaciones del volumen de dinero jugado en ellos durante el año 1984 oscilan entre los 70.000 y los 80.000 millones de pesetas. La inconcreción en cualquier caso, no tendría un reflejo directo en las arcas de la hacienda pública, que funciona en este terreno a partir de la adjudicación de una “base imponible” para cada uno de los casinos, que se traduce luego en una tasa fiscal más o menos estable. La base imponible total de los 14 casinos censados en 1984, según los datos del servicio nacional de loterías, ascendía a 11.857 millones de pesetas, que se corresponderían con una tasa de 5,104 millones. Relacionando, pues, esta última cifra con las estimaciones del total de dinero jugado en estos establecimientos, supondría que el Estado ingresaría en este sector un 7,2% de los 70.000 millones antes apuntados.

Un sector sensiblemente más rentable para el tesoro -a partir del control sobre la emisión de cartones- sería el de los bingos, en el que, según los datos del ya citado servicio nacional de loterías relativos a 1984, el importe total de lo jugado ascendería a 253.758.172.200 pesetas y la tasa ingresada en hacienda a 50.749.653.640. Es decir, aproximadamente un 20% del dinero que circula en los bingos iría a parar al Estado.

Donde casi todas las cifras se vuelven poco menos que impenetrables es en el sector de las máquinas tragaperras, lo que resulta tanto más preocupante cuanto que es el que mueve las cifras más astronómicas. Cualquier concreción o inconcreción en este terreno se resuelve en un maremágnum de ceros, que rebasa las barreras de las calculadoras. A la sombra de las tragaperras se han construido fortunas personales insospechadas en estos tiempos y se ha tejido una red de intereses y conexiones tan intrincada y espinosa que ha llevado a algunos a calificar a este entramado como un “nuevo poder práctico” en la sociedad española, cada vez más incontrolable.

El polémico sostén de este tipo de juego -sin duda el que más incide en las capas bajas y medias de la población- ha hecho que en muchos países siga prohibido; y en muchos más todavía -por ejemplo en todos aquellos europeos, como Francia, Italia, Portugal y Grecia, dirigidos por gobiernos socialistas- esté prohibido practicarlo en bares, cafeterías, etc., sino sólo en locales específicos dedicados a los juegos de azar.

El caso español en este campo resulta espectacular, sobre todo a partir de la instalación de este tipo de máquinas en los establecimientos de hostelería, cuyos dueños participan de algún modo en los beneficios que reportan.

Desde ese instante todos los datos que se manejan resultan disparatados. Se especula con la certidumbre de que los españoles nos gastamos en tragaperras 1,5 billones de pesetas al año -más o menos lo que el Estado destina anualmente a gastos de defensa, obras públicas y educación-, lo que supera cualquier récord mundial homologado hasta la fecha.

Lo que sí parece comprobado es que España es actualmente el país europeo de más número de tragaperras por habitante. Inglaterra, por ejemplo, tiene legalizadas hoy en día 170.000 máquinas;la República FederalAlemana, 240.000; Bélgica 18.000… pues bien, en España, según fuentes gubernamentales, se calcula que hay actualmente 400.000 tragaperras legalizadas y al menos otras 100.000 piratas (sin contar con las de carácter recreativo, como comecocos, flippers, etc.).

La fiscalidad del sector viene determinada a partir de un canon fijo anual de Hacienda impone a cada máquina, exactamente 120.000 pesetas que, multiplicadas por esas 400.000 aparatos actualmente controlados, arrojaría una cifra de ingresos del Estado por este concepto de 48.000 millones de pesetas, lo que supone escasamente un 3,2% del total del dinero que los españoles se gastan en este tipo de juego.

Sin entrar ya a valorar el posible fraude cuantificable por esas 100.000 máquinas que funcionan ilegalmente (y que supondría, pues, no menos de 12.000 millones de pesetas), las tragaperras, a más de ese inconveniente detectable en el nivel social de su clientela, se perfilan como el juego de más bajo nivel de fiscalidad, orientándose en consecuencia el porcentaje mayor de sus beneficios al lucro estrictamente privado.

Suponiendo que, como está reglamentado, el 80% de la recaudación se devuelve en forma de premios y descontando ese pequeño porcentaje que recibe el Estado, se calcula que el beneficio global de las tragaperras puede oscilar entre los 260.000 y los 330.000 millones de pesetas anuales, o lo que es igual, que cada máquina puede dejar al año unas 840.000 pesetas de media de beneficios, que se reparten proporcionalmente entre el dueño-fabricante-operador y los propietarios de los locales donde se encuentran instaladas.

Con todas las reservas sobre la fiabilidad de los datos aportados hasta aquí, cabría, pues, confeccionar un segundo cuadro en el que se recogiesen las cantidades brutas el porcentaje sobre sus propias recaudaciones que cada sector del juego ingresó en las arcas del Estado durante el año 84:

ingreso del Estado por el juego en 1984.

Tragaperras, 48.000 millones de ingresos netos, 3,2% sobre lo recaudado.

Bingos, 50.749 millones de ingresos netos, 20% sobre lo recaudado.

Casinos, 5.104 millones de ingresos netos, 7,2% sobre lo recaudado.

Lotería, 82.500 millones de ingresos netos, 30% sobre lo recaudado.

Quiniela de fútbol, 17.666 millones de ingresos netos, 33% sobre lo recaudado.

Quiniela hípica, 149 millones de ingresos netos, 3% sobre lo recaudado.

Total,  204.168 millones de ingresos netos.

La otra fiscalidad dela ONCE.

Excluimos del cuadro anterior ala ONCE, en la medida en que efectivamente no ingresa en el Tesoro, al menos de modo directo, ninguna cantidad ni porcentaje sobre sus ventas del Cupón, pero sería miope interpretar su situación en términos absolutos de privilegio fiscal; a menos que la fiscalidad se entienda desde una connotación sólo recaudatoria, sin atender a sus finalidades últimas. Porque los presupuestos no tiene sentido en su materialidad misma, sino a la luz de su eficacia redistributiva, y en cuanto instrumento imprescindible para que el Estado pueda afrontar su compromiso de servicio público.

Vistas así las cosas, diríamos que tan “fiscal” es lo que el Estado recauda en dinero contante y sonante, como aquello que le libera de obligaciones presupuestarias, que de lo contrario, habría de atender.

Y ese es el papel y la razón de ser de una entidad comola ONCE, que en la actualidad agrupa y ofrece sus servicios a más de 28.000 afiliados ciegos; da trabajo a más de 18.000 personas (de ellas más de 11.000 invidentes y 4.000 minusválidos) y afronta las pensiones y subsidios de otras 11.000 (en su mayor parte -9.500- ciegos). Si fuera posible homogeneizar y sumar todos esos conceptos y cifras y amplificarlas en su cociente familiar, cabría calcular -y esas son las magnitudes que argumentan los responsables dela Organización-quela ONCEsupone el principal medio de vida para más de 100.000 españoles. Un colectivo, además, cuya dignificación e integración social habría de resultar especialmente acuciante y gravosa para el Estado.

La acción -y la rentabilidad fiscal, pues- dela ONCEse define en una doble dirección: la laboral y la social.

La ONCEy el empleo.

Desde el punto de vista laboral es preciso aceptar quela Organizaciónde Ciegos ha posibilitado el acceso al trabajo de un sector marginado por su deficiencia visual. La venta del cupón, obviamente, no resultó una solución cualitativamente satisfactoria, pero en tanto avanza en otras alternativas educativas y profesionales que permitan la  incorporación de los ciegos y minusválidos en general al mercado ordinario de trabajo,la ONCEse esfuerza en la equiparación laboral de sus empleados, como lo demuestra la firma de los dos primeros convenios colectivos, que, según se explica anteriormente, están en la base del presente contrato conla Administración.

En cualquier caso, desde un análisis somero de los datos de empleo de la 11, cabe extraer algunas conclusiones sobre su dinamismo y su posible proyección.

Enla OrganizaciónNacionalde Ciegos trabajan hoy en día en torno a los 13.000 vendedores del cupón entre los que se cuentan 3.000 minusválidos, que poco a poco se han ido integrando laboralmente en la entidad. A esta cifra habrá que añadir otros 1.000 nuevos minusválidos ya seleccionados que iniciarán a principios del año 86 su trabajo en este terreno, lo que elevará el número de vendedores a 14.500.

El otro sector de trabajadores -más de 3.500 (1.000 ciegos y el resto videntes)- lo componen los empleados administrativos y técnicos quela ONCEprecisa tanto para la gestión del cupón como para asegurar los servicios que presta a sus afiliados.

Una suma total, pues, de unos 18.000 trabajadores, que cotejada con la realidad estadística de los últimos años permite presumir ala ONCEde haber creado en sólo dos años alrededor 4.000 nuevos puestos de trabajo. Un balance que, en esta coyuntura económica, resulta cuando menos sorprendente y desde luego incomparable con la “rentabilidad laboral” que pueden ofrecer otros sectores implicados en el mercado del juego, incluidos los gestionados directamente porla Administracióndel Estado. Primera conclusión.

La segunda viene esbozada en la presencia de un buen número de minusválidos -una franja poblacional auténtica y clamorosamente preterida por la sociedad yla Administración-entre los vendedores del cupón dela ONCE. Suincorporación comenzó a producirse hace algunos años, si bien últimamente ha recibido un impulso importante con la integración inminente de esos mismos disminuidos físicos, seleccionados con criterios objetivos por la propia Coordinadora estatal de minusválidos, que, consciente de la explotación a la que se somete al minusválido en otras organizaciones clandestinas del juego, apoya decididamente la opción dela ONCEen la medida en que ésta puede ir nucleando y acogiendo paulatinamente en su estructura este segmento social de los discapacitados. Sea como fuere -y ello dependerá en gran parte de las posibilidades de expansión dela Entidad-el hecho viene a demostrar quela OrganizaciónNacionalde Ciegos no se ha encastillado en la defensa de un privilegio, sino que lo asume y trata de administrarlo desde la solidaridad y la responsabilidad.

La inseguridad social de los ciegos.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las obligaciones que pesan sobrela ONCEno se circunscriben a las propiamente laborales, sino que abarcan también a la esfera asistencial y de previsión social de la mayor parte de sus trabajadores. Sólo los vendedores y los empleados ingresados enla ONCEdesde 1983 se hallan encuadrados en el régimen dela SeguridadSocial.El resto -más de 13.000 trabajadores en activo y casi 11.000 pasivos- reciben sus prestaciones de la llamada Caja de Previsión Social (CPS), que la propia Organización ha instituido en su seno, con carácter sustitutorio para asegurar a sus vendedores y empleados los supuestos que generalmente asumela Seguridad Social.

Durante el año 1984,la Cajade Previsión hizo frente a 11.053 pensiones de jubilación, incapacidad, larga enfermedad, viudedad, orfandad y otras en favor de familiares, por un monto de 4.561 millones de pesetas, que, unidas a los subsidios (por viudedad, fallecimiento, nupcialidad y natalidad) y otras prestaciones sociales (como la asistencia médica, sanitaria y farmacéutica), supusieron un importe total de 6.067,5 millones de pesetas. Estas mismas partidas, según los presupuestos de 1985, se elevarán en el presente ejercicio a 7.320 millones de pesetas, que se cubrirán, como de costumbre, con cargo al presupuesto ordinario dela ONCE.

Pero el problema grave dela Cajade Previsión Social dela ONCEque, dicho sea de paso, ha venido atendiendo prestaciones (como la sanitaria) que, de lo contrario e independientemente de la situación laboral de los invidentes, hubiera debido asumir el Estado como impone la ley, no deriva de la mayor o menor importancia de estas cantidades que ha de afrontar anualmente, sino de su misma descapitalización y consiguiente inviabilidad financiera.

La magnitud del problema comienza a perfilarse cuando los dirigentes dela ONCE, surgido de las primeras elecciones democráticas celebradas en su seno en 1982, encaran el reto de regularizar la situación. A la vista del creciente peso porcentual dela Cajade Previsión Social en el presupuesto dela Organización-puede decirse que mientras las obligaciones de aquella crecían de manera geométrica, los ingresos dela ONCEpor la venta del cupón lo hacían siempre por debajo del incremento mismo del coste de la vida-, la opción que se plantea es la de una posible absorción de dicha Caja de Previsión porla SeguridadSocial.Las negociaciones que se entablan en este sentido, aportan un dato definitivo para situar la cuestión. A la altura de diciembre del 83, el Instituto Nacional dela SeguridadSocialvaloraba en unos 70.000 millones de pesetas el fondo necesario para capitalizar las obligaciones dela Cajade Previsión Social dela ONCEse (necesidad de los trabajadores activos y pensiones ya causadas) hasta ese momento. Dicho de otro modo, esa es la cantidad quela ONCEhabría de aportar para quela SeguridadSocialse hiciese cargo del colectivo acogido ala Caja, una posibilidad lejana entonces si se considera que el fondo de reserva quela Organizacióntiene en aquellas fechas no supera los 3.000 millones de pesetas, apenas un 5% de la cantidad necesaria.

Tal sería la dimensión de lo que en términos periodísticos podría tildarse de “agujero” dela CPS, que los dirigentes dela ONCE-asumiendo los riesgos y criterios de la responsabilidad y eludiendo la lógica de la demagogia- enfrentan con decisión.

Para empezar se establece que los trabajadores “nuevos” dela ONCE, a partir de 1983, se integren normal y directamente en el régimen general dela SeguridadSocial.Otra medida de saneamiento viene recogida en el primer convenio colectivo dela ONCEque, como contrapartida a otras mejoras laborales, impone a sus trabajadores la obligación de una cotización regular ala Cajade Previsión Social, cosa que hasta entonces no hacían. El fin, se pretende reservar una partida importante de los presupuestos dela Organizacióna ese fondo necesario para una futura integración dela Cajade previsión social enla SeguridadSocial.Y así se ha hecho. Y en el ejercicio del 84 se dedicó a este fin una cantidad cercana a los 15.000 millones de pesetas, similar a la prevista para este año, con lo que, si les sumamos aquellos escuálidos 3.000 millones existentes en el 82, el fondo actual de reserva dela Comisiónde Prestaciones Sociales ronda los 33.000 millones de pesetas. La cifra ahorra por sí misma cualquier comentario sobre su importancia, aunque sigue resultando insuficiente aún -apenas cubre un 40%- para conseguir el objetivo final, que no sería otro que la integración del colectivo de trabajadores dela ONCEenla SeguridadSocial, cuyo coste, debidamente actualizado, se acercaría hoy en día a los 100.000 millones de pesetas. Estos datos, algo más que alentadores por una parte, indican por otra quela ONCEnecesitaría mantener, al menos durante cinco o seis años, un nivel presupuestario y dinamismo interno similar al logrado durante 1984 y 1985 para solucionar definitivamente el problema. Pero más y mejor aún que la garantía de unos ingresos, lo que reclamala ONCEen estos momentos, siempre desde los supuestos de una entidad tutelada y controlada por el Estado, es un margen de capacidad operativa desde la que gestionar democráticamente su propio desarrollo.

El dinamismo del cupón

Es evidente que los signos profundos de renovación interna que hasta aquí hemos apuntado (en la esfera de lo laboral y lo social) y que deben complementarse con el reforzamiento de los servicios quela ONCEpresta a sus afiliados invidentes, se sustenta sobre la materialidad del nuevo diseño del cupón, que aporta el 98% de los ingresos dela Organización.

La evolución de la venta del cupón pro ciegos durante los últimos años, venía aumentando hasta 1982 por debajo de los índices de incremento del coste de la vida, lo que, unido al peso progresivo dela Cajade Previsión en los presupuestos dela ONCE, suponía un paulatino estrangulamiento económico que repercutía en el resto de sus actividades. Esa tendencia recesiva se frenó ya en 1983, coincidiendo con la renovación democrática de la dirección y se pasó de los 38.994 millones vendidos en1982 a44.427 millones alcanzados en el 83, que supone un 13,94% de incremento.

El verdadero salto cuantitativo se operó, sin embargo, a principios de 1984, cuandola ONCErespondiendo a las sustanciales variaciones operadas en el mercado del juego en España, modificó su sistema de premios y el precio de su cupón. La iniciativa, publicitada simultáneamente con una nueva imagen del ciego, obtuvo una respuesta social formidable y ello determinó que el ejercicio de aquel año se cerrase ya con un saldo de ventas de 10.415 millones de pesetas, que en el presente año se estima pudiera ascender a 113.471 millones de pesetas.

El destino de estos ingresos -a los que habría que añadir otras partidas menores por explotaciones auxiliares por ingresos financieros hasta completar un presupuesto total de 108.468 millones de pesetas en 1984 y de 11,876 millones en 1985- se desglosa convenientemente en los cuadros 1 y 2 del anexo, que recogen la clasificación funcional de los gastos realizados durante 1984 y los previstos para el presente ejercicio.

Con todo cabría resumir que los ingresos del cupón se distribuyen aproximadamente en los siguientes porcentajes: un 47,5% se destina a premios; un 30% a comisiones y salarios de los vendedores; un 3% lo consumen los gastos de distribución y emisión del cupón; un 12% se aplica al presupuesto de pensiones y fondos de previsión y el resto, en torno al 7% cubre los gastos de personal administrativo y técnico y los servicios quela ONCEpresta a sus afiliados invidentes.

Otros servicios que se ahorran al Estado.

La acción educativa, cultural, formativa y rehabilitadora (según la nomenclatura utilizada en los citados cuadros 1 y 2 del anexo), es otra de las grandes áreas de actividad dela ONCE, que ésta ofrece a todos sus afiliados en general, sean o no trabajadores o pensionistas dela Organización. Laspartidas presupuestarias destinadas a estos servicios -básicos en el perfil social dela ONCE-se han cuasi duplicado en los tres últimos años, lo que en buena lógica ha permitido su potenciación, por más que en este ámbito, donde sin duda ha de fundamentarse cualquier aspiración a una más perfecta integración socio-laboral de los ciegos, quede aún mucho camino por recorrer.

La ONCEha asumido la tarea educativa de los ciegos y de los deficientes visuales, bien a través de sus propios colegios de educación especial –hoy día son cinco-, o bien tutelando su integración en centros ordinarios a través de una colaboración con equipos multiprofesionales o mediante personal y recursos propios, secundados por un servicio de orientación y recursos educativos (SORE), que se encarga de procurar el material adaptado que el alumno necesite en sus diferentes niveles educativos, desde el preescolar al universitario.

Mantiene asimismola ONCElos centros de formación profesional (en Barcelona y Madrid), en los que se imparta la enseñanza de una serie de profesiones que han demostrado ser las más idóneas para que las desempeñen los ciegos, como las de secretariado y telemática, telefonía, radiofonía, traductores e intérpretes, etc. Cuenta tambiénla ONCEcon una escuela de programadores de ordenador, otra de afinación y reparación de pianos y otra, la de fisioterapia, en la que se han titulado hasta el momento más de 100 alumnos.

En el terreno educativo habría que reseñar varias iniciativas más, como las becas, ayudas de material, ayudas a los jóvenes profesionales, etc., cuyo objetivo y denominador común es la integración del ciego en la sociedad.

En esta misma dirección se inscriben los esfuerzos dela ONCEen la rehabilitación de los ciegos totales y de los deficientes visuales. Para los primeros -por lo general personas adultas a quienes les ha sobrevenido la ceguera recientemente- cuentala Organizacióncon unos equipos de atención básica en muchas de sus delegaciones, unas unidades de rehabilitación en Madrid y Sevilla y, más específicamente, con el centro de rehabilitación de ciegos adultos de Castell Arnau, Sabadell. Para los deficientes visuales se ha montado en Madrid, con carácter experimental, el Centro de Rehabilitación Visual dela ONCE(CERVO), que proporciona al alumno las técnicas necesarias para obtener de su residuo visual el mejor partido.

En fin, otro ámbito de atención importante por parte dela ONCEes el mundo de la cultura que intenta acercar a los afiliados en el soporte peculiar que impone su minusvalía. Un papel preponderante en este campo lo desarrollan los centros de producción bibliográfica de Madrid y Barcelona que cuentan cada uno con una imprenta de Braille, un servicio de grabación de cintas caset (libro hablado) y otro de transcripción manual de libros, que nutre de fondos a las bibliotecas. Porquela ONCEdispone de una red de bibliotecas de libros en Braille y sonoros, de carácter ambulante, además de los dos especializadas radicadas en Madrid como son la biblioteca tiflotécnica y la biblioteca en sonoro. El sistema Braille se editan también 15 revistas de temática y de periodicidad diversas, así como otras 6 Sonoras. Fonotecas, orquestas de pulso y Púa, orfeones, clubs de la tercera edad, tiendas de materiales diversos, unidades tiflotécnicas, servicios de óptacon etc. La especificidad misma dela ONCEpermite en estas extender -sino a niveles ópticos, si esperanzadores- un horizonte de problemas peculiares de un colectivo que difícilmente podría abordar la macroestructura burocrática del Estado, como lo viene a demostrar el desamparo de otros grupos sociales similares, que no tuvieron ocasión para su vertebración.La ONCEsí, y, si hoy no es una entidad perfecta, en muchos aspectos ha marcado pautas válidas en orden a resolver las obligaciones que la sociedad y el Estado tienen con sus sectores presumiblemente marginados. Una de ellas -acaso la más importante y por la que más ha batalladola ONCE-es la posibilidad de que sean los propios ciegos quienes construyan y definan su futuro. Y es esta aspiración, esa ilusión que parecía hacerse realidad tras la implantación de los modelos democráticos enla Organización, lo que amenaza con derrumbarse en estos momentos a golpe de adicional o de decreto.

La amenaza alternativa.

Porque ésa es, al parecer, la alternativa-amenaza que ofrecela Administraciónhoy: o las disposiciones adicionales incluidas (y ya aprobadas momentáneamente por el Congreso de los Diputados) enla Leyde Presupuestos, o un nuevo decreto-ley, ya redactado por el Ministerio de Trabajo sin atender a las demandas dela Organización, que anula de un plumazo cualquier aspiración de autonomía dela ONCE.

Las disposiciones adicionales responden a motivaciones (inicialmente del Ministerio de Economía y Hacienda) estrictamente recaudatorias, que hacen tabla rasa de cualquier otra dimensión laboral y social dela OrganizaciónNacionalde Ciegos, y que resultan tanto más inexplicables en cuanto se dirigen a controlar expresa y concretamente a la única organización del mercado del juego -junto Con la que dependen directamente del Estado- perfectamente intervenida, transparente, controlable y controlada.

El nuevo decreto-ley, que redefiniría la situación y cimientos jurídicos dela ONCE, no sólo ahonda en esta dirección, incorporando al Consejo de Protectorado a funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda, sino que reduce los márgenes de autogobierno dela ONCEa raseros ni siquiera teóricos, cuando sustrae competencias -como la aprobación de los presupuestos anuales dela Organización-hasta ahora detentadas por el máximo órgano democrático dela ONCE, su Consejo General, y las traspasa sin más al propio Consejo de Protectorado, en el que los representantes dela Administraciónmantienen una mayoría absoluta.

La ONCE, que en ningún momento ha pretendido rebasar los límites presupuestarios y de ventas que razonablemente, en función de sus necesidades auténticas, les señalasela Administracióna través del Consejo de Protectorado, se ve así despojada de cualquier capacidad de responder y acomodar la gestión de su cupón a las circunstancias de un mercado imprevisible, disparatado y agresivo, como es el mercado del juego. Se sofocan así las posibilidades de agilidad quela PMCEha demostrado en esta su etapa democrática; se le traspasa presumiblemente alguna dosis de la arterioesclerosis endémica dela Administración, que monta a partir de este decreto un dispositivo burocrático especial e imponente para controlar y dirigir la actividad dela ONCE; y -acaso lo más grave- desvirtúa y desinfla las ilusiones de participación democrática de los ciegos en el diseño de sus propios destinos.

La intención de maniatar y, en consecuencia, desactivar ala ONCE-tanto más dolorosa en cuanto nace de un gobierno que electoralmente se pronunciaba favorable a profundizar en sus niveles de autonomía- abona cierto clima de fracaso para unos y otros. Si a la democracia se le supone como la mejor opción para lograr una identificación entre la sociedad y el Estado, algo está fallando cuando se trata de eliminar instituciones intermedias de participación que comola ONCE, han demostrado su operatividad para articular y canalizar de un sector social significativo.

Por eso a los ciegos españoles -siempre conscientes de su precariedad jurídica- estas disposiciones adicionales y este proyecto de decreto les han resucitado de golpe sus viejos temores y han reaccionado por algo más que por simple mecánica corporativa. Como alguno de ellos contaba estos días, alguien ha venido a recordarles que estaban viviendo en favor (que es un eufemismo amable de la misericordia) y que, desde esa situación, cualquier ejercicio de imaginación resulta un pecado de insolencia intolerable. Entre otras cosas porque ocurrencias como la dela ONCEinvitan a las comparaciones… y ya se sabe que el poder no suele ser territorio habitual de la imaginación.