Informe sobre la situación política de la ONCE y alternativas de futuro. Diciembre de 1986

Como Presidente de U.P. y como Presidente del Consejo General de la O.N.C.E., me considero en la obligación de elaborar este documento de análisis que continúa el informe sobre la situación actual de nuestra Enti­dad, distribuido dentro de nuestro Grupo en fechas recientes y que pretende ser un marco para la reflexión y la adopción de alternativas superadoras del actual momento de nuestra Institución, caracterizado por el agotamiento del modelo que hasta la fecha ha venido funcionando y la incertidumbre que ello proyecta sobre el futuro de los deficientes visuales en España.

Presupongo a los lectores de este documento un suficiente nivel de información sobre los hechos concretos que han ido sucediéndose en los últimos meses, bien por su implicación directa en la alta dirección de la O.N.C.E., bien por el conocimiento que de los mismos hayan tenido a tra­vés de las informaciones oficiales remitidas desde el Consejo General o las internas elaboradas desde la Comisión Ejecutiva.

I.- ANALISIS DELA SITUACION:

Esquemáticamente se desarrollan algunos elementos de refle­xión sobre el mercado del juego, el status jurídico de la O.N.C.E. y el estado actual e implicaciones y sobre esa delicada frontera cargada de signi­ficación política que han sido siempre las relaciones entre los ciegos y los minusválidos.

1•” El mercado del juego:

Sobre la base del Decreto-Ley de 25 de Febrero de 1978, que supone la expresión jurídica del final de una era mediocre, pero confortable y segura para la O.N.C.E., dentro de un mercado del juego anodino y casi inmutable, se han ido sucediendo, en movimiento progresivamente acelerado, la creación y expansión de diversas modalidades de juego, patrocinadas por agentes públicos y privados, con tapadera benéfica y hasta ilegales, coinci­diendo con un creciente deterioro de la capacidad competitiva del Cupón Pro-Ciegos, cuyo punto más bajo se alcanza en 1982.

1983 representa, por un lado, un momento de contención del empobrecimiento de la Entidad y, por otro, el segundo y definitivo paso -la reforma del Código Penal- que, al despenalizar los juegos de azar, con inde­pendencia de que hayan sido o no autorizados, consagra un marco jurídico, cuyo corolario práctico no podía ser otro que el descontrol más absoluto y el expansionismo más frenético.

De la contemplación de este fenómeno, en sus dimensiones económicas y en sus implicaciones políticas, nace una reivindicación, tan pertinaz como infructuosa, de una Ley del Juego ordenadora del sector, que estaba llamada a difuminarse por completo en las turbias aguas de los intere­ses comerciales y en la atmósfera cargada de las relaciones Administración Central/Administraciones Autonómicas.

1984 representa una respuesta comercial de la O.N.C.E. que, desde el punto de vista de nuestra Institución, supone un salto cualitativo importante y un cambio de plano imprescindible, pero de consecuencias difí­cilmente controlables. Desde el punto de vista del mercado del juego, en su conjunto, la reforma del Cupón de la O.N.C.E. no es otra cosa que un impor­tante tirón expansionista que hace efectivo el potencial comercial de este producto y que ocupa el espacio estelar en este período, como antes lo hubie­ran hecho los bingos y después lo harían las máquinas tragaperras, confirman­do el carácter “ciclotímico” y de evolución “en sierra” característico de este mercado irracional y convulsivo.

’1985 significa la irrupción pública en esta espiral expansionista, el abandono tácito de la voluntad ordenadora y reguladora del mercado que se había prometido y la ruptura del status de equilibrio inesta­ble que venía reteniendo a las Comunidades Autónomas. La Lotería Primitiva es, sin duda, el detonante inmediato de la eclosión autonómica que está llamada a instaurar un nuevo orden -o por mejor decir, “un nuevo y gran desorden”- en el sector.

La O.N.C.E., por motivaciones claramente sociales, pone en circulación su sorteo especial de los viernes, recibido con mal disimulado disgusto por parte del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, y para completar el cuadro, el Gobierno asiste impasible al desarrollo y fortificación de una verdadera mafia de juegos no autorizados, que constitu­ye, al mismo tiempo, uno de los retos más frontales al ordenamiento jurídico que nos ha sido dado presenciar en los últimos años.

Finalmente, 1986 puede caracterizarse como el punto de conso­lidación e irreversibilidad del caos, caracterizado por las siguientes notas:

a)   Abandono total de la perspectiva de una Ley reguladora del mercado del juego y, prácticamente, abandono, incluso, de la propuesta repenalizadora para los no autorizados.

b)   Frenética carrera para ocupar espacios comerciales de los agentes públicos -ONLAE y Autonomías- por conseguir espacios jurídicos, fortalecer su infraestructura y aunar esfuerzos por parte de los agentes privados, en suma, por “echar raíces”, “lavar la cara”, legitimar y hacer políticamente irreversibles las experiencias ilegales.

c)   Con independencia del caso PRODIECU, la consagración de la especialidad del sector de minusválidos como nutriente de la red de distribu­ción activa que refuerza y potencia cualquier modalidad de juego y como
tapadera ideológica perfecta para enmascarar un crecimiento a todas luces desorbitado y anacrónico. Puede decirse que, sobre el sustrato de la reali­dad histórica del colectivo de los ciegos -principalmente, después de su proyección tras la reforma del 84-, la realidad tangible que ha supuesto PRODIECU, la ausencia de cualquier forma de política congruente en materia de juego y de empleo de minusválidos por parte del Gobierno, se sienta con firmeza un hecho, hoy por hoy irreversible: los minusválidos serán un agente importante en el mercado del juego en la fase de distribución.

d) Entre tanto, la O.N.C.E. ha quedado atrapada en medio de este mar proceloso de desmanes, fraudes e irresponsabilidad, como un esperpéntico islote perfectamente controlado que está llamado a desaparecer si no reacciona a tiempo, en un plazo más o menos largo. Con el caso de la O.N.C.E., no sólo se quiebran los más elementales criterios del sistema político, sino que desaparecen por completo los principios básicos del siste­ma económico y queda al descubierto una mal disimulada envidia por parte de las autoridades “competentes”, es un decir.

La historia más inmediata, por más próxima, es probablemente mucho mejor conocida y bastaría repasarla en las siguientes breves pincela­das :

a)    Ante las dificultades de aplicación de la Disposición Adicional 18 de la Ley de Presupuestos del Estado para 1986, cinco Ministe­rios expresan el posicionamiento del Gobierno contrario a la utilización del juego como instrumento de empleo de los minusválidos y decidido a erradicar la mafia de PRODIECU (3 de Abril de 1986).

b)   El 13 de Junio de 1986 el Consejo de Protectorado adopta un acuerdo limitando drásticamente los ingresos de la O.N.C.E., suprimiendo el Sorteo Extraordinario del 1 de Enero y reiterando el compromiso de asegu­rar la exclusividad del Cupón Pro-Ciegos y de su franja de. mercado.

c)   En Septiembre de 1986, Informes recogidos por la propia O.N.C.E. aseguran que PRODIECU ha crecido, desde el pronunciamiento del Gobierno hasta esta fecha en más de un 80% en cuanto al número de vendedo­res, alcanzando para este momento, en proyección anual una facturación de más CUARENTA MIL MILLONES DE PESETAS y una red de distribución de más de OCHO MIL agentes.

d)   Ante tan flagrante contradicción el Consejo General de la O.N.C.E. adopta el acuerdo de 3 de Octubre,(Documento núm. 1) consistente fundamentalmente en repetir la oferta de incorporación de minusválidos a la venta del Cupón Pro-Ciegos y, simultáneamente, adoptar las medidas preparato­rias para la defensa de los intereses comerciales de la Entidad, es decir: acercar la emisión a la demanda real, establecer vínculos con otros agentes del sector, acelerar los procesos de equipamiento tecnológico y mejora de la competitividad…

e) Como consecuencia de la línea marcada en el acuerdo ante­rior: firma de un contrato de opción de participación entre la O.N.C.E. y C.I.R.S.A., (Documento núm. 2) presentación condicionada de una oferta abier­ta al concurso convocado por la Generalidad de Cataluña, (Documento núm. 3) diversificación de las acciones jurídicas en materia de propiedad intelec­tual, estatuto de publicidad, actuaciones administrativas cautelares, etc. en realidad con el asunto PRODIECU; publicación de un comunicado en la pren­sa anunciando el ofrecimiento hecho por la O.N.C.E. a la Administración para la incorporación de más minusválidos no ciegos…

2.- El status jurídico:

En la pasada legislatura, -además de los informes que se habían solicitado antes de 1982 a relevantes expertos- y tras alguna senten­cia clarificadora en este sentido, la O.N.C.E. recabó nuevos dictámenes acerca de la fórmula jurídica que más se adapta a la realidad de nuestra Institución, así como la más conveniente para la mejor defensa de sus intere­ses. De todo lo anterior se extrajeron las siguientes conclusiones:

a)   La O.N.C.E. no es una Entidad estatal autónoma en cuanto no ha sido regulada mediante ley, ni tal figura interesa en la medida en que terminaría con el principio del autogobierno y de la diferenciación de sus presupuestos respecto de los del Estado.

b)   Tampoco le conviene la figura jurídica de la Fundación en cuanto la misma implica la existencia de un Patronato de quien depende direc­tamente el patrimonio.

c)   La fórmula de asociación de utilidad pública tiene los inconvenientes propios de la inseguridad política que todo ente asociativo encierra y la dificultad de mantener exclusivas comerciales o delegaciones permanentes de funciones públicas.

d)   Tal y como lo declararan diversas instancias judiciales y de acuerdo con el Dictamen de los expertos, la realidad de la O.N.C.E. se acopla mejor a la figura de una Corporación de derecho público de base perso­nal, de asociación voluntaria y en la que el Estado delega la realización de determinadas funciones públicas. Esta fórmula resguarda mejor a la entidad del problema de su transferibilidad a las Comunidades Autónomas, mantiene y acentúa el carácter asociativo que le es esencial e incluso puede favorecer la profundización del autogobierno, sin romper la vinculación pública que asegura su unidad y continuidad en el tiempo.

No obstante, todos los tratadistas y aún los grupos electora­les coinciden en la conveniencia -no la necesidad jurídica- de que esta Corporación de Derecho Público esté regulada por una norma con rango de ley formal.

Pues bien, la encrucijada en que ahora nos encontramos, que obliga a la O.N.C.E. a adoptar determinadas decisiones para la defensa de su status comercial, tiene repercusiones y éstas deben ser consideradas, respec­to del status jurídico y en definitiva sobre, el modelo de Entidad.

3.- Relaciones con el Sector de Minusválidos:

El acierto y la combatividad histórica de los ciegos han acentuado en nuestro país el fenómeno habitual en otras latitudes de que los ciegos han sido la vanguardia del colectivo de minusválidos, mientras que el prácticamente inexistente sistema asistencial español ha contribuido a ensan­char las distancias y a radicalizar los planteamientos.

En la evolución de la O.N.C.E. los minusválidos no ciegos han tenido un papel importante, tanto por su presencia interna, como por la repercusión que ha tenido el estado de esa frontera en cada etapa. Durante muchos años la existencia de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles -réplica teórica de la O.N.C.E.- y la anestesia general para cualquier tipo de planteamiento crítico o reivindicativo que suponía el franquismo ayudó a mantener el status quo, no sin que se produzcan incorporaciones de minusváli­dos no ciegos a la venta del Cupón y se puedan documentar “gestos” de solida­ridad económica de la O.N.C.E. respecto a dicho colectivo. Tras el cambio político, el desarrollo incipiente del movimiento de minusválidos, las expectativas y las consiguientes frustraciones levantadas por el Art. 49 de la Constitución y la L.I.S.M.I., todo quedaba preparado para que la eclosión del mercado del juego y el ejemplo de los ciegos, especialmente tras la reforma del cupón, supusiera un camino “cantado” a pesar de que la O.N.C.E. ha intensificado en estos últimos años su política de acercamiento y solida­ridad con los minusválidos:

-   Creación de MIL PUESTOS de trabajo para minusválidos por acuerdo de 28 de Febrero de 1984, es decir, dos meses después de iniciarse la Reforma del Cupón. Este acuerdo quedó retrasado en su aplicación en base a las constantes demoras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por responder al asunto de las bonificaciones, hasta que, en Septiembre de 1985, todavía sin respuesta escrita la O.N.C.E. decidió llevarlo a efecto, sin ningún tipo de contrapartida.

-   Acuerdo con la Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos para la creación de unos puestos de trabajo bajo determinadas condiciones y dentro de una alternativa de creación de empleo intermedio para minusválidos (Febrero de 1986) -nueva oferta de creación de empleo para minusválidos, además de los MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ingresados a principio de 1986- que nunca fue contestada por la Administración.

-   Acuerdo de 3 de Octubre de 1986 reiterando el anterior ofrecimiento, igualmente ignorado hasta la fecha por la Administración.

-   Inserción en los medios de comunicación de un Comunicado haciendo público el ofrecimiento de la O.N.C.E. a la Administración e ini­ciando un proceso de recogida de información de datos para reducir en lo posible el período de aplicación de la medida en el supuesto de que la Admi­nistración acepte la propuesta y las condiciones en que la misma se enmarca.

Hasta aquí la historia y análisis sucinto. Sólo de una consi­deración reflexiva y conjunta de todos los hechos que hemos apuntado y de algunas “evidencias” y deducciones racionales que de las mismas podemos inferir, cabe esperar un posicionamiento maduro y positivo para los intere­ses del colectivo de los deficientes visuales españoles. Eso es lo que inten­taremos hacer en el siguiente apartado.

II.- ELEMENTOS PARA UNA REFLEXION POLITICA:

A modo de meras anotaciones articuladas entorno a los tres temas a que se refiere el análisis anterior, se recogen a continuación algu­nas ideas para suscitar la reflexión y permitir la búsqueda de soluciones que más adelante se formularán:

1.- Sobre el Mercado del Juego:

1ª.- Hay que partir del hecho, en estos momentos incontrover­tible de que no existe voluntad política ni posibilidad jurídica de aprobar una ley ordenadora y reguladora del juego; por consiguiente, hay que esperar un desenvolvimiento del sector únicamente en base a parámetros económicos, comerciales y considerar un giro político respecto del mismo como una posibi­lidad remota e incontrolable.

2ª.- La voracidad recaudatoria de la Administración Central y la penuria de medios de financiación de las Comunidades Autónomas, que siguen, lógicamente, el ejemplo de Madrid, provocarán en los próximos meses y años una exacerbación de la competencia entre distintas modalidades de juego, antiguas o nuevas, estatales o autonómicas. Ello supondrá probablemen­te una expansión del propio mercado, pero sobre todo, una lucha encarnizada para ocupar espacios comerciales.

3ª.- A medio y largo plazo, esta espiral provocará uno de estos dos fenómenos:

a)  Una intervención política consensuada entre la Administra­ción Central y las Comunidades Autónomas para volver a su ser natural a este mercado, desnortado y potencialmente peligroso para el desenvolvimiento socioeconómico del país.

b)   Una vertiginosa sucesión de modalidades de juego, espolea­das por la competencia feroz y por las posibilidades tecnológicas que, desde las fórmulas de maquinas reducidas polivalentes a la disponibilidad de los usuarios para consumir todo tipo de ofertas de azar desde su propio domici­lio, van a cuestionar nuestra visión actual de este mercado y la mera forma de distribución que permite hoy el empleo de los afiliados a la O.N.C.E.. Todo ello en un plazo no superior a diez años.

4ª.- El mercado de juego es por tanto, un sector comercial supercompetitivo, en vertiginosa transformación tecnológica y en el que no puede cimentarse ningún futuro económico sensato. Las empresas privadas que hoy actúan en el mercado del juego se caracterizan por la utilización del mismo como instrumento para obtener ganancias rápidas y reinvertir las mis­mas en otros sectores económicos más estables y seguros. Esa _elemental lección comercial debe aprenderla la O.N.C.E. y aún más buscar alternativas que permitan mantener el objetivo del empleo activo de la gran mayoría de los deficientes visuales en el juego o fuera del juego.

5ª.- La credibilidad de la O.N.C.E. tanto comercial como sociológica, su infraestructura de producción, administración y sobre todo su red de distribución activa, la sitúan hoy por hoy en una posición favora­ble en el momento de desatarse esta guerra comercial. Prueba de ello son los constantes requerimientos que reciben de empresas del sector. Sin embargo, dada la rapidez con la que se suceden los acontecimientos, aconseja no retrasar ni un día más la actuación, con plena iniciativa comercial: el reforzamiento de nuestra tecnología de producción de todo tipo de juegos, la ocupación del mercado desde el punto de vista de la publicidad y la distribu­ción, en fin, la puesta al día permanente de fórmulas competitivas que se anticipen a otros agentes del mercado.

6ª.- La Administración al imponer controles a la O.N.C.E., manifestó siempre que permitiría a ésta reaccionar en el supuesto de que no pudiera lograr sus objetivos presupuestarios. Pues bien, aún creyendo esta afirmación -que tampoco nos han dado demasiados motivos para confiar en ellos- la realidad es que muy probablemente en el contexto disparatado del sector, esa libertad de reacción no podría ser utilizada si sólo se produce cuando los ingresos de la O.N.C.E. se han visto afectados. En otras pala­bras, puede que para entonces fuera ya demasiado tarde.

Conclusiones:

En consecuencia se impone la adopción en el plano comercial de una serie de medidas que continúen la línea ya iniciada a partir del acuerdo de 3 de Octubre de 1986 y que garanticen, sin depender en absoluto de respuestas o posicionamientos políticos de la Administración, la plena utilización de las capacidades comerciales de la Entidad. Todo ello sin perjuicio de seguir insistiendo ante la Administración para el establecimien­to de un modelo pactado que viabilice la O.N.C.E. a corto, medio y largo plazo.

En este orden de cosas se enmarcarían, entre otras que vaya aconsejando cada coyuntura económica y política:

a) La participación en los concursos suscitados por las Comu­nidades Autónomas.

b)   La consecución de acuerdos de colaboración con otros agen­tes del mercado, de momento con carácter opcional para la O.N.C.E.

c)   Conceder carácter prioritario y urgente a la adquisición de nueva tecnología para nuestra Imprenta del Cupón y a la constitución de los correspondientes equipos técnicos en la Dirección General para desarro­llar el trabajo de prospección e investigación que el mercado exige.

d)   Realización de estudios de mercado con el objetivo genéri­co de ajustar la política comercial de la O.N.C.E. a la realidad del mercado y los específicos de: probar la realidad de una ampliación del horario medio de venta desde 1985 a finales de 1986 como primer síntoma de la pérdida de competitividad del producto ofrecido por la O.N.C.E.; medir la conveniencia de modificar el precio de la unidad mínima del Cupón de la O.N.C.E.; conocer la receptividad y la opinión de los compradores respecto del incremento de la red de distribución mediante minusválidos no ciegos o mediante afiliados con resto visual superior al actual.

e)   Preparar una reforma del Cupón que garantice el manteni­miento de su competitividad en el momento de la eclosión de nuevos juegos que debe producirse durante el año 1987.

2.- Sobre el Status Jurídico de la O.N.C.E.:

La adopción de la política que se diseña en el apartado ante­rior de forma unilateral y no pactada con la Administración, podría suponer una quiebra de las relaciones de la O.N.C.E. con el Estado de consecuencias difíciles de prever, pero que en todo caso, solamente en el plano teórico, podrían ir desde la estatalización total o parcial de la Entidad -preferente­mente esta última en el terreno de los servicios para afiliados- hasta la supresión de cualquier vínculo o carácter público de la O.N.C.E.

Establecida claramente más arriba la no conveniencia de una estatalización que de seguro haría peligrar el autogobierno de los ciegos y su propio nivel asistencial y económico actuales, queda por dilucidar la cuestión de si interesa mantener el status jurídico actual y en tal supues­to, bajo qué condiciones puede ser admisible para la O.N.C.E. un status completamente privado.

El primero de los supuestos, el mantenimiento del status actual, es sin duda alguno más ventajoso en el terreno político (unidad garantizada, equilibrio entre los planos asociativo, comercial y de servi­cios, en definitiva, mayores posibilidades de permanencia en el tiempo de la Institución). A pesar de ello, de nada valdría mantener ese status si no se consigue el necesario nivel de libertad comercial y libre iniciativa que asegure la competitividad de nuestro producto.

Por el contrario, en el segundo supuesto, la libertad e ini­ciativa comerciales quedan plenamente garantizados, si bien el mercado del juego no aparece como un horizonte excesivamente seguro en el largo plazo, pero existen razones fundadas para temer que el equilibrio de planos de la O.N.C.E., el autogobierno, las propias señas de identidad que han configura­do históricamente la Institución, incluido el mismo carácter estatal de la O.N.C.E., tenderían a desaparecer más o menos rápidamente siguiendo una lógica prácticamente imparable.

Las circunstancias objetivas, la historia de la O.N.C.E. y su implantación social, parecen inclinar la balanza a favor del primer supues­to, y desde luego imponen una línea prioritaria de intensificación de los esfuerzos de replanteamiento y afianzamiento del nuevo modelo concertadamente entre la O.N.C.E. y la Administración. En cualquier caso, la segunda fórmula debería ser el resultado del fracaso de nuestros esfuerzos y una solución in extremis que, todavía hoy, no existen razones para que se adopte.

3.- Sobre el papel de los minusválidos no ciegos en la O.N.C.E.:

Es este un punto singular en el que las dos alternativas, la fundamentalmente comercial y la esencialmente pública, chocan y se manifies­tan como opciones difícilmente compaginables.

En efecto, desde un punto de vista puramente comercial, a la O.N.C.E. le interesa incrementar su red de distribución activa con el único límite de asegurar la productividad media de todos sus trabajadores. A este interés comercial hay que añadir el argumento de que de esta forma podría frenarse o retrasarse la incorporación de los minusválidos no ciegos a otros ámbitos del mercado del juego y que la O.N.C.E. es, sin duda alguna, la Entidad más legitimada para servir de cauce a esta incorporación, tanto por su historia como por su filosofía.

En el otro ángulo de la argumentación, partiendo de la irreversibilidad del hecho de la incorporación de los minusválidos no ciegos como nutrientes de la red de distribución de modalidades públicas y privadas y aceptando este hecho como normal “pues que ha de haber competidores, qué importa que sean minusválidos” e incluso “mejor que sean minusválidos”, se superpondría la incorporación de minusválidos o deficientes visuales con residuo más alto, de acuerdo con los intereses comerciales o políticos de la Organización, pero en todo caso se superaría el límite que rompa o cuestione la identidad de la O.N.C.E. como organización de ciegos y se llegará a provo­car lo que, en algunos medios, se ha llamado “la sudafricanización” de la Entidad , o lo que es lo mismo el dominio de una minoría de ciegos sobre una mayoría de minusválidos no ciegos.

En apoyo de la primera postura, se argumenta que la clara definición laboral y de las condiciones de trabajo a través de los Conve­nios, permite diferenciar el plano de los trabajadores del de los afiliados a la Organización, independientemente de cual sea la proporción entre ciegos y minusválidos.

Por el contrario, los partidarios de la segunda tendencia sostendrán que la dependencia fáctica de unos minusválidos respecto a otros en una correlación numérica determinada máxime en un contexto democrático y reivindicativo como el nuestro, es un factor de enfrentamiento político en mi plazo relativamente corto de tiempo.

Es significativo señalar que incluso las actuaciones solida­rias que la O.N.C.E. ha llevado a cabo respecto de otros minusválidos en materias distintas a la incorporación a la venta del Cupón han encontrado un rechazo en determinados colectivos representativos de los minusválidos que se preguntan “¿Hasta cuando hemos de seguir viviendo de la misericordia de los ciegos?”, lo que demuestra cuanto han cambiado las condiciones respecto de otras etapas de la historia de los años 60 y 70.

Parecería que existiese una tercera vía en la constitución de organizaciones de minusválidos no ciegos, con su propio autogobierno y su estructura de creación de servicios específicos, pero vinculadas en el plazo comercial a la órbita de la O.N.C.E. en cuanto esta resulta ser más capaz organizativa y técnicamente. Dicha hipótesis, amén de una caracterización jurídica más precisa podría incurrir en las dificultades de ” dependencia” que en último extremo resulta difícil mantener a largo plazo.

Conclusiones:

En base a lo anterior parece conveniente establecer la incor­poración de minusválidos no ciegos a la venta del cupón con un proceso some­tido siempre a los interés comerciales y políticos de la O.N.C.E. y con el límite de mantener la identidad de esta Institución como organización de ciegos, no sólo en el terreno jurídico, sino en el fáctico. Cualquier fórmu­la de Entidades de minusválidos situadas dentro de la órbita comercial de la O.N.C.E. habría de asegurar el principio anterior.