Borrador para un proyecto de programa de convergencia en favor del cambio democrático en la ONCE. Principios de 1977

Exposición de motivos:

El tránsito de un sistema político de poder personal a una sociedad democrática, no sólo implica la implantación de unas instituciones democráticas y la plena instauración de las libertades individuales, sino que supone, además, un proceso de ajuste de todas las instituciones sociales anteriores al patrón socio—político nuevo¹. En tal sentido, pues, estamos asistiendo en España a una de estas situacio­nes «líquidas» de reajuste y replanteamiento.

La O.N.C.E. se verá forzosamente afectada por este cambio en las condiciones objetivas del país. Hoy mismo, la posibilidad de elección de unos compromisarios, a nivel na­cional, para elaborar un proyecto de representatividad, su­pone que la entidad intenta dar la sensación de cambio, aun cuando se trate de un intento o de un cambio meramente formal para entretener las exigencias ambientales, ahogadas durante tantos años» Pero en estas circunstancias sería contraprodu­cente ignorar o simplemente eludir, las presiones de los grupos críticos internos y entender tales presiones como actividades heterodoxas, como actos de rebeldía y hasta como actividades subversivas. Más grave sería no entrever la posibilidad de presiones externas, una ves constituidas unas Cortes Parlamentarias. Por consiguiente, ligada estrecha­mente como está la O.N.C.E, en su nacimiento y en su estructura, al régimen anterior, y con unos objetivos válidos para la España de la postguerra, le sería imposible pervivir, sin mo­dificaciones sustanciales, en la España del último cuarto de siglo» Y esto es ya una cuestión que importa a todos los ciegos del país y no sólo al dirigismo ultraconservador, en cuyas manos está la imposibilidad de cualquier cambio sustan­cial.

No ciframos nuestro ideario en una renovación sin más, reducida a una simple remoción de personas, como preten­den los grupos con ideología de paladines y resonancias de cruzados de la fe o actitudes confesionales, exhibidas de forma empachosa en estos últimos lustros. Sabemos -eso sí— que una remoción de cargos es saludable, siempre que a ellos accedan personas con espíritu y capacidad para transformar realmente las estructuras de la Organización. Cualquier renovación en otro sentido resultaría inútil y engañosa.

No obstante, no es fácil prever el alcance de esas modificaciones desde la situación actual, ni el signo del cambio con un mínimo de seguridad. Cabe, sin embargo, esta­blecer las alternativas más probables, a la vista de los factores y fuerzas que presumiblemente confluirán.

a)     Cabe que la O.N.C.E. perdure con algunos retoques no esenciales en su estructura e igual o parecida política, como pretenden los grupos paraoficiales»

b)     cabe su liquidación, como un vestigio que es del pasado y un reducto privilegiado, respecto al resto de los minusválidos. Ello comportaría, sin duda, un grave riesgo para los logros asistenciales de estos años.

C) finalmente, no se puede descartar la posibili­dad de que, dada la inercia institucional o su quietismo inoperante, dada la protección ambiental de una opinión pública tan sensible como desconocedora de nuestro mundo, y dado, en fin, el conjunto de intereses afectados y miedos subjetivos ante el cambio, la O.N.C.E. se mantenga perfecta­mente incontaminada de democracia y al margen de todo cambio real y operativo. Ésta sería la postura de los dirigentes actuales, si no se vieran empujados por vientos ministeriales

Por tanto, cualquiera de estas alternativas parece inadecuada a los tiempos de hoy, puesto que la primera y la tercera dejarían perfectamente al margen los verdaderos fines para los que la entidad fue creada; y, en cuanto a la segunda sería la consecuencia lógica de las otras dos.

Pero es el caso, que estas perspectivas sorprenden a los ciegos sin una comprensión clara de sus problemas, sin un proyecto viable para las circunstancias nuevas y para sortear los peligros que pueden derivarse de un inmovilismo y paternalismo anonadantes.

De una parte, es evidente que los responsables de la entidad carecen en absoluto de esa alternativa concreta y eficaz que haga posible un cambio positivo; de otra, los grupos que durante los últimos tiempos han venido mostrando una actitud crítica y renovadora, carecen de la necesaria coordinación.

En consecuencia, el intento de elaborar un programa común está fundamentado en la convicción de esas actuaciones críticas y en el hecho de que, en el fondo de muchas perso­nas preocupadas y responsables, existe un ideario semejante, una visión de la O.N.C.E. constructiva en el presente y hacia el pasado, y viable en el futuro que se proyecta»

Así, pues, teniendo presente este ideario, parece indudable que la vertebración de un grupo con unos objetivos precisos, unas Ideas claras y una estrategia adecuada» per­mitiría contar con una fuerza capaz de estimular, encauzar y controlar el cambio; y ello, no por un apresurado adaptacionismo oportunista, en último extremo defensivo, sino por el deseo de aportar una alternativa constructiva, abierta y justa a la solución del problema»

El método a seguir.

Las condiciones de dispersión geográfica en que, por razones diversas, nos hallamos las personas con una ideología potencialmente afín sobre este tema, impide el que se siga un procedimiento normal y democrático en la elabora­ción del programa conjunto: preparación por cada grupo profesional, centro o sector, de una plataforma reivindicativa propia y obtención -si cabe- del factor común a todas ellas.

Efectivamente, en esta fase fundamental de establecer con nitidez el conjunto de ideas que nos definen, tal vez convenga, en nuestras circunstancias, tomar la iniciativa en un núcleo cualquiera y lanzar una propuesta que no tenga otro valor que el de desencadenar la labor, poniéndonos en contacto, y el de servir de borrador -absolutamente refor­mable— y punto de referencia para las propuestas concretas. En este caso, es la Junta de Trabajadores de Madrid el núcleo que propone una línea programática como punto de referencia. Una vez establecido el proyecto de programa habría que decidir la estrategia a seguir: consolidación del grupo y» acciones a desarrollar.

Es claro que, de alcanzarse esta fase, deberá haber sido precedida de un contacto masivo y formal»

Las dos perspectivas críticas que caben respecto de la O.N.C.E. son: la de afiliado y la de trabajador. En conse­cuencia, al hablar de representatividad no es correcto plantear el tema en su extensión genérica, sino que debe es­pecificarse y distinguir entre representatividad laboral y representatividad para una reestructuración de la Organización.

Por lo que respecta a lo laboral, los intereses de los trabajadores afiliados y no afiliados son convergentes y las reivindicaciones comunes. Todos, por tanto, han de estar debidamente representados, y la O.N.C.E. sólo tendrá que respetar la categoría de cada uno, sin discriminación de ninguna índole y con arreglo a lo establecido por las leyes laborales del país.

En cuanto a la representatividad para intervenir en la reestructuración de una entidad que fue creada para entender y resolver aquellos problemas que al ciego le llegan planteados desde la sociedad misma e, incluso, desde la misma O.N.C.E., es claro que, desde esta perspectiva, el pro­blema no se puede plantear en los mismos términos que el anterior»

La O.N.C.E., entidad pública semiautónoma, está, pues, integrada por todos los ciegos del país y por los padres, como representantes, de aquellos ciegos que, por su minoría de edad, no pueden asumir aún la defensa de sus de­rechos, en calidad de beneficiarios, si no es a través de sus representantes legales. Fue creada con fines netamente socia­les y lo laborales para los ciegos, tanto en ella como fuera de su ámbito, la consecuencia lógica de esos fines, que le compete cumplir. En virtud de ello, los ciegos son, además de trabajadores y antes que eso, afiliados y responsables de hacerle cumplir los fines para que fue creada o de marcarle el rumbo que debe seguir» Y esto es ya una cuestión que compete únicamente a los ciegos»

Es cierto que esta competencia de la O.N.C.E. se ha esgrimido con tal ampulosidad, con tal falta de seriedad, incluso, que se ha llegado a una clara discriminación, a la transgresión impune de derechos tan elementales como negar la entidad laboral del trabajador» Y esto ha sucedido con los no afiliados y con los afiliados también. Pero esto no debe hacernos perder la perspectiva de la realidad, ni a unos ni a otros.

Puestas las cosas así, parece natural y lógico que la dirección de la O.N.C.E. está en manos de afiliados y de sus representantes legales, en caso de minoría de edad de aquéllos. Esto no se opone a que los cargos directivos que no sean idóneos para ciegos, puedan desempeñarlos personas no afiliadas pero, a ser posible, que vinieran desempeñando alguna función dentro de la entidad, o bien en el caso de que, aun tratándose de cargos idóneos para ciegos, tuvieran una limita­ción temporal reglamentaria, fueran electivos y pertenecieran a un sector laboral en que afiliados y no afiliados desempeñan la función: el sector de la Enseñanza, por ejemplo»

Otra cosa es que la O.N.C.E. habilite una fórmula para propiciar, dentro de la escala administrativa, el ascenso de categoría a los no afiliados, permitiendo a éstos el acceso al grado máximo de Jefe Administrativo. Para ello, podría re­servar, con el fin de satisfacer este derecho laboral, aquellas plazas escasamente idóneas para ciegos, tales como Secretario y Cajero. Podría, incluso,, habilitarse una fórmula con el Estado que posibilitara el ascenso dentro del Ministerio al que estuviera adscrita la entidad, con lo cual la posibilidad de acceder al grado máximo de su categoría sería más amplia.

Resumiendo, pues, diremos que en una representatividad de tipo laboral intervendrán todos los sectores de tra­bajo, sin excepción; pero si la representatividad tuviera la misión de Intervenir en una reestructuración de la O.N.C.E. para coadyuvar a señalar el rumbo que ésta debe seguir en la consecución de los fines sociales para que fue creada, tal misión correspondería únicamente a sus afiliados, como inte­grantes y beneficiarios de ella, sólo en el caso de una reestructuración por sectores (funcionarios, Enseñanza, subal­ternos, imprentas, bibliotecas, Etc.) estarían representados todos los de cada sector -afiliados y no afiliados.

Vistas, entonces, las dos perspectivas críticas que caben respecto de la O.N.C.E. -la de afiliado y la de trabajador- no sólo no se oponen, sino que son perfectamente com­patibles, por lo que, una vez delimitadas ambas, parece lógico pensar en su convergencia, sobre todo en determinados momentos y problemas.

Programa básico.

I.- Objetivos generales.

1º Consolidar, real y legalmente, los logros obte­nidos en los últimos años, sobre todo en el aspecto asisten­cial.

2º Llenar de contenido o mejorar el rendimiento de las estructuras actuales. Sabemos que ésta es tarea muy difí­cil, porque al tratarse de unas estructuras con tantas exclu­sas, no resulta nada fácil llenar de contenido todos sus compartimientos. solo a otras estructuras, menos abúlicas y menos faltas de iniciativa podría obtenérsele un mejor ren­dimiento. Nuestro deber, no obstante, es proponer solucio­nes, cualquiera que sea la alternativa que pueda darse.

3º Garantizar, en todo caso, los derechos adquiridos, sea cual fuere el tipo de reformas que se introduzcan, y siem­pre que éstas no constituyan una flagrante injusticia, ni se confundan privilegios con derechos.

4º Revisar en profundidad los fines y política general seguidos hasta la fecha por la Organización, y sustituir la perspectiva benéfico-asistencial por la de promoción profesional del ciego, en consonancia con el Decreto Fundacional y la tendencia actualmente vigente en el país en materia de po­lítica de minusválidos, estableciendo la capacitación e in­tegración profesional como medio idóneo para la plena integración del ciego en la sociedad y, en consecuencia, como objetivo central y prioritario en la actuación de la O.N.C.E. en el futuro.

II.— Democratización de las estructuras»

1º traducción del principio de autogobierno de los ciegos, consagrado en el aludido Decreto, a las circunstancias del nuevo sistema democrático, y lo cual implicaría una reestructuración total del actual Consejo Superior, que se convertiría en un órgano colegiado de gobierno, integrado por afiliados representantes de todos los grupos profesio­nales o sectores afectados (Enseñanza, Funcionarios Admi­nistrativos, vendedores, estudiantes —bien por sí, bien a través de sus representantes legales, en caso de minoría de edad de aquellos— y otras profesiones y trabajos). Ello, claro está, sin perjuicio de los correspondientes meca­nismos de fiscalización que a la Administración compete ejercer, perfectamente compatible tanto con una estructura democrática de gobierno como con la autonomía funcional precisa para desarrollar la política de la Organización»

2º El cargo de Jefe Nacional será cubierto periódica­mente por un afiliado elegido entre todos ellos»

3º Creación de una Junta de Personal, integrada por afiliados y no afiliados representantes de todos los sectores de trabajo. Sería una Junta consultiva.

4º Revisión de los procedimientos de nombramiento de directivos y fijación de un límite temporal razonable para el ejercicio de los mismos.

5º Aplicación, en cada centro, del principio de ges­tión democrática, asegurando la participación de todos en la adopción de medidas que les afecten y el control de los res­ponsables de su ejecución»

6º Apertura de los medios de comunicación de la en­tidad a todos los miembros de la misma, cualquiera que sea su ideología, sirviendo de cauce para una crítica responsa­ble. Para ello sería necesario crear un órgano de debate, sin más censura que la que reclaman las normas de la convivencia y el respeto a las personas, establecida por las leyes»

7º Participación de los distintos sectores en el control de los medios de cultura: selección de libros para bi­bliotecas, Libro Hablado, organización de actos culturales, etc.

8º Información periódica sobre la marcha económica de la entidad, así como sobre sus planes de actuación»

III.— Adopción de una política de promoción profesional

Asumir el compromiso de proporcionar a cada ciego un trabajo real, acorde con sus aptitudes personales, implicaría:

1º Recogida de datos de las organizaciones para cie­gos de otros países, con el fin de confeccionar un catálogo de profesiones posibles para el ciego. Estudio, por una comi­sión de técnicos, de la viabilidad de cada una de ellas en nuestro país, teniendo en cuenta la estructura actual del mercado laboral y las previsiones y orientaciones estable­cidas en los planes económicos del Gobierno; y ello con la colaboración de los organismos estatales, sindicales y privados, interesados en los problemas de empleo.

2º Con la información recopilada, elaborar un plan de actuación con la participación de todos los sectores afec­tados, que fijara unos objetivos escalonados con respecto a las profesiones de mayor grado de viabilidad coyuntural»

3º Cada apertura de un nuevo cauce profesional supondría: remoción de las barreras legales —si las hubiere— y ambientales, que se opongan al libre ejercicio de la nueva profesión por el ciego, creando, si es preciso, centros—piloto para lograr dicho objetivo; conseguir una preparación supe­rior a la media del profesional vidente en los afiliados as­pirantes, estableciendo, si fuera necesario, centros espe­ciales para su mejor capacitación; asistir, técnica y mate­rialmente a los mismos, tanto en la fase previa como durante el ejercicio mismo de su profesión; existencia de Agentes de Colocación y Relaciones públicas eficientes; contar, bien en las Cortes, bien próximas a ellas, en los medios sindicales y empresariales, con personas que pudieran remover más fácil­mente las leyes y cuantas barreras se opusieran al libre ejercicio de una profesión por parte del ciego»

La adopción de esta política precisaría, para su efectividad, de una serie de medidas coordinadas que afec­tarían a la totalidad de los sectores y constituyen, muy sintéticamente, posibles plataformas reivindicativas para cada uno de ellos.

Sobre el Cupón.— Reconociendo el acierto de quienes lo idearon en 1938 y su oportunidad en aquellas circunstan­cias como solución económica y ocupacional de carácter general y medio de financiación institucional, parece necesa­rio actualizar aquellos propósitos, estableciendo, para el futuro, los siguientes criterios:

a) El Cupón, tal como lo contempla el Decreto, tiene un carácter excepcional, sustitutorio de un trabajo creador de riqueza en el ámbito de la comunidad nacional. En conse­cuencia, ha de desarrollarse reglamentariamente el principio de que, sólo tras el agotamiento institucional e individual de todos los recursos para el logro de un trabajo, podrá concedérsele a un afiliado, y, por supuesto, nunca por el abandono de una colocación ya conseguida.

b)     Como medida protectora para los afectados, con el fin de consolidar cada uno de los logros profesionales alcan­zados y no causar el desmoronamiento del medio de financiación institucional, cabría pensar en permitir la venta del Cupón, con una comisión del 30 por ciento, hasta completar un ni­vel prefijado de ingresos mínimos, a quienes, con su trabajo, no alcanzaran dicho nivel de ingresos, por la baja cotización de su tarea o por tratarse de profesionalizaciones no comple­tas.

c)    Racionalizar y modernizar el sistema de adminis­tración del Cupón, corrigiendo los abusos actuales y las abismales diferencias de ingresos.

d)    Dado el Número e importante misión de los vende­dores, es de justicia ineludible que éstos desempeñen el papel que les corresponde en los órganos que se creen, estu­diando la fórmula laboral más justa, con arreglo a sus cir­cunstancias y aspiraciones.

Sobre los Funcionarios Jefes Administrativos.- Partien­do de la escasa adecuación entre las tareas de supervisión del trabajo burocrático que les competen y las aptitudes espe­cíficas del ciego, así como del excesivo número de los exis­tentes y la notable preparación y capacidad de muchos de ellos, que en otras circunstancias más favorables hubieran obtenido indudables éxitos profesionales, cabe enumerar las siguientes medidas:

a)    Redistribución de las secciones existentes en las delegaciones, adaptándolas a las necesidades de la nueva po­lítica y asignando a los Jefes Administrativos funciones por encima de las meramente burocráticas: asistencia y formación de las familias de afiliados, -especialmente alumnos— colabo­ración en las labores de recuperación de éstos con los cole­gios, asesoramiento a los estudiantes ciegos en régimen integrado y a los centros a que asistiesen, sondeo sobre posibilidades de empleo en su demarcación…

b)    Asegurar la necesaria independencia y entidad en las funciones del Jefe Administrativo respecto de su Dele­gado Provincial, y su participación en la marcha de la Dele­gación.

c)    Detener la creación de nuevos puestos de la cate­goría si no son realmente necesarios.

La política seguida por la O.N.C.E., en lo que se re­fiere a la creación de puestos absolutamente innecesarios den­tro de su ámbito, es con tal desmesura inflacionaria, en con­traste con el exiguo número de trabajadores que desempeñan una actividad fuera de ella que, por fuerza, ha de gravitar, de manera muy peligrosa, en la economía de la entidad. El problema, si no se resuelve mediante una política real de profesionalización y empleo a los ciegos fuera de la Organización, si sigue hinchándose el número de puestos inne­cesarios, tanto para ciegos como para videntes, el problema acabará ahogándonos. No hay más que tener en cuenta algún dato indicativo:

El número de funcionarios ciegos que trabajan en la O.N.C.E. no llega a los ochocientos y, sin embargo, el número es excesivo. Es decir, pocos ciegos empleados y sobran bas­tantes. Podría dulcificarse la expresión diciendo que, por lo menos, ya que no sobran, no tienen ningún trabajo real que hacer.

El número de empleados videntes se acerca a los 3.000, lo cual puede querer decir que cada empleado ciego necesita cuatro videntes para funcionar.

El número de ciegos en activo es de 20.000, lo que supone un vidente por cada seis ciegos, más o menos; pero siguen celebrándose oposiciones para Administrativos y auxi­liares.

La remuneración de todos los trabajadores de la Organización -aquí se puede incluir a los directivos— es inferior y, en algunos casos muy inferior, a la de sus homó­logos en el país. Esto quiere decir que la exigencia de reivindicaciones será tan justa como inevitable.

Entretanto, se siguen haciendo profesiones de fe, in­vocando una renovación meramente formal, entre ambigüedades y retoricismos huecos,  y proclamando la autonomía económica y política de la entidad. Nadie, con la cabeza sobre los hombros, sabe qué quiere decirse con proclamaciones de esta índole a las que, ampulosamente y huera de todo sentido de la realidad, llaman principios básicos. Parece como si, por arte de no sabemos qué, se nos hubiera agudizado el instinto para soslayar los verdaderos problemas o como si, incapaces de vivir sin que nos cuenten entre los escogidos, cada cual nos esforzáramos en entonar el mejor canto de sirena ante la si­tuación actual.

Sobre los colegios.— Es obvia la importancia de su papel en esta nueva orientación. Como objetivos inmediatos figuran:

a)               Devolver la enseñanza a los enseñantes, es decir, que sean técnicos quienes entiendan en problemas técnicos.

b)               Democratizar las estructuras de gobierno de los cen­tros docentes.

c)    Fortalecer los medios materiales y humanos de los mismos, modernizar las instalaciones, actualizar los méto­dos, adecuar el personal a las nuevas necesidades…

d)   Incorporar a la familia al proceso de educación de sus hijos y a la marcha de los centros.

En el tipo de enseñanza y en la juventud que salga de nuestros colegios radica el éxito o el fracaso de la O.N.C.E. que pretendemos conseguir.

Más del 95 por ciento de cuantos integran hoy la  ONCE han salido de nuestros colegios. Los jóvenes que hemos ponderado como los mejores han sido aquellos que aceptaron sin objeciones, desde su paso por el colegio hasta su ingreso en la vida de la comunidad, las alternativas que la Organización le ofrecía. La única alternativa segura era la de vendedor de Cupón. Una alternativa, por otra parte, muy tentadora para cualquier mozalbete recién salido del colegio, porque le permitía, en la mayoría de los casos, ingresar y gastar di­nero en mayor cantidad y con más alegría que cualquier otro trabajador. De aquí que algunos, después de haberse gastado la O.N.C.E. un buen puñado de dinero con ellos para darles una profesión real y después de haberlos empleado en una actividad digna, hayan abandonado ésta y se hayan puesto a vender Cupón.

La O.N.C.E. permite tal desmán.

En cuanto a las otras alternativas de trabajo -Jefe Administrativo y Maestro— son mucho más inciertas y sobre todo muchísimo más limitadas, hasta el punto que las posibi­lidades en este terreno están hoy absolutamente saturadas y —lo que es peor aún- sin un cometido claro, en muchos casos, y absolutamente sin planificar su función. Pero eso no im­porta. Se acomodan y no dan guerra. Luego es bastante.

Los jóvenes que salieron de nuestros colegios fueron aceptando, pues, no el papel que hubieran querido desempeñar, sino el papel que les impusieron; una juventud roma, una vez que sus impulsos, sus ideas y sus iniciativas han sido ahoga­das por un «clímax» de miedos contenidos y de aspiraciones frustradas. Saben que las cosas no son así; que hay razones por las que alzar la voz e, incluso, por las que gritar e indignarse; pero saben también que si las denuncian arriesgan su consideración y la posibilidad de contarse entre los esco­gidos. Por eso, mientras unos —posiblemente los más honestos, los más tibios y los de talante moderado— callan, impotentes, ante la situación que se les ha impuesto, y entre comedidos, respetuosos o indiferentes ante quienes las sustentan, otros —los eternos agradadores de todos los segismundos— cri­tican con dureza esta situación en corrillos donde su oportu­nismo no puede comprometerse, y la ensalzan, en tono glorificador, ante quienes pondrían en riesgo su consideración si dijeran lo mismo que cuando la critican.

Algunos, con clara honestidad, pero con notoria falta de visión para los problemas, defienden a ultranza el «status» actual. los muy escasos que pudieran defenderlo por intereses personales, no tienen lugar aquí. De los otros, de los que están en abierto desacuerdo, tampoco decimos nada, porque ya inventaron bastante los demás.

Pues bien; éste es -muy a grandes rasgos— el destino y la actuación que le ha cabido a la juventud que ha ido saliendo de nuestros colegios hasta hoy. De ahí que resaltemos la importancia de la enseñanza que en ellos se pueda impartir.

Otros aspectos.— Problemas que podría causar la adop­ción de esta política:

a)    La labor asistencial —logro que la O.N.C.E. debe cuidar para que no se le esfume— y su progresivo perfecciona­miento , tal vez supongan una carga demasiado pesada para una Organización lanzada a la promoción profesional del ciego. Cuando, a pesar de las medidas que después se señalan para la economía, esto suceda, la Organización, antes de abandonar estas obligaciones de absoluta prioridad social, deberá gestionar su cobertura por los organismos estatales pertinen­tes. Tal hecho, hoy inimaginable, tendrá sentido cuando la entidad tenga establecido un plan de progresivo descenso del número de vendedores en beneficio de otros sectores de minusválidos.

b)    La economía, que forzosamente habrá de resentirse con la puesta en marcha de unas medidas como las que se propugnan, precisará, al menos, de las siguientes acciones: conseguir la aportación económica de entidades oficiales, tal como está previsto en el Decreto Fundacional, interesadas en esta labor social. Las Cajas de Ahorros serían, en este sentido, un gran baluarte, como ya se ha demostrado en una oca­sión, al menos, en que la Caja de Ahorros de Barcelona ofre­ció a la O.N.C.E., sin que le fuera siquiera solicitado, 500 millones de pesetas, pero que la O.N.C.E. rechazó sin consul­tar con nadie, ni dar a nadie razón de ello. Todos los solares sobre los que la Organización ha levantado sus dependencias, pudo haberlos solicitado a los respectivos Municipios, pero no sólo no ha hecho esto, sino que también se ha dado el caso de haber rechazado alguno, que luego pagó a 4.500 pesetas el metro cuadrado. Otro tanto sucede con la aportación que obligatoriamente corresponde rendir al Ministerio de Educación y Ciencia por unidades didácticas, y de lo que la O.N.C.E. no quiere ni siquiera oír hablar.

Estos hechos, sin embargo, no pueden sorprender en­tre nosotros, donde una sola persona o un número muy reducido de ellas -es el gran pecado del Poder, tanto mayor cuanto menor es el número de manos que lo detentan— pueden decidir de los destinos de toda la entidad y, por consiguiente, de todos los ciegos del país.

lo cierto, es que la aportación económica de entida­des oficiales contribuiría a la creación de centros-piloto y, en general a la realización de programas de capacitación profesional del ciego.

Entre las medidas a seguir hay que enumerar también la ya aludida venta del Cupón al 30 por ciento, cuando los ingresos del trabajador no sean suficientes para cubrir sus necesidades económicas, si se tratase de un trabajo insufi­cientemente remunerado. En último caso, existe siempre la posibilidad de que ciertos servicios dejen de ser totalmente gratuitos para los interesados, aplicando esta medida con sentido social y asegurando que no va a constituir un motivo de discriminación entre los afiliados, en base a sus posi­bilidades económicas.

c) En fin, la O.N.C.E. que dibujan estas medidas habrá de ser forzosamente muy distinta a la actual: agresiva, moderna, reivindicativa y, como consecuencia, muy diferente la imagen que proyecte en la sociedad con la que habrá que contar y a la que habrá que dirigirse con la adecuada propaganda.

El sector de los estudiantes ciegos en régimen inte­grado -especialmente los de nivel universitario— es uno de los que, con mayor claridad, ha expresado sus aspiraciones: modernización del sistema de becas y procedimiento de conce­sión con participación en el mismo; apoyo material y técnico a los estudiantes, asesoramiento a los centros, becas para postgraduados, de colaboración, Etc., y, en general, la ya desarrollada necesidad de una política de promoción profesio­nal.

IV.- El tema de los empleados.

Según hemos dicho ya en el epígrafe «EL MÉTODO A SEGUIR», coexisten en la O.N.C.E. dos facetas: la de entidad protectora e impulsora del mundo de los ciegos y la de organismo que emplea a trabajadores -ciegos y videntes— para la realización de sus fines; ambas esferas de actuación parecen perfecta­mente armonizables,                      tanto para aquéllos en quienes concurren la doble condición de afiliado y empleado, como para los demás.

La imagen de la O.N.C.E. que se propugna implicaría en este tema:

a)    Definición precisa de la personalidad jurídica de la Organización, con el fin de que quede nítidamente estable­cida la normativa legal que nos es aplicable.

b)    Reconocimiento de todos los derechos laborales y sindicales a los trabajadores.

c)    En el caso de que reconocimiento de tales dere­chos sea incompatible con la esencia de sus fines, será nece­sario negociar la fórmula peculiar para que estos derechos queden plenamente garantizados.

V.- La O.N.C.E. y el problema de los minusválidos: antecedentes.

La O.N.C.E., nacida en el seno de una España todavía en guerra, fue creada con unos objetivos coyunturales muy concretos —la solución de los problemas de los ciegos de guerra— solución hábilmente ampliada, por parte de quienes par­ticiparon en aquella operación, en beneficio del resto de los ciegos. En cualquier caso, carecía de concepción moderna en materia de atención a minusválidos. Ello era lógico: ni la Administración se había planteado una política global en esta gestión, ni las circunstancias y perspectivas de entonces permitían la posibilidad de ir más lejos de un planteamiento ‘ benéfico, económico y paternalista.

Los avances de la legislación social española -¿Ley de Bases, ü8-2X1-63, Ley de la Seguridad Social, 21-IV-66, Etc.- junto con las directrices de los últimos planes de desarrollo, fueron cambiando esa concepción oficial y culminaron en la creación del SEREM como Servicio Social, encargado de promover e impulsar la acción en favor de los minusválidos.

Pues bien; mientras estos cambios tenían lugar, la O.N.C.E. permanecía inalterable en sus planteamientos funda­mentales. Más aún: no sólo permanecía inalterable, sino que se refugiaba voluntariamente en sí misma, negándose a cualquier otro proyecto serio que no fuera la venta del Cupón, que es tarea que marcha por sí sola sin necesidad de proyectos.

Con esta actitud Inmovilista a ultranza se incumplía la esencia del Decreto que, aunque paternalista en su concep­ción y envejecido en muchos de sus aspectos, tiene aún, en su espíritu, lo que verdaderamente debió haberse realizado y no se realizó.

Algunos datos demostrativos.

En el artículo 14 del Reglamento del Decreto, de 28 de Octubre de 1939, se dice textualmente:

«Corresponde a la Sección de Trabajo, como encargada de la ordenación y fomento del trabajo de los invidentes, los siguientes cometidos:

a)    Implantación y organización por medio de la Subsección, que se denominará «CUPÓN PRO-CIEGOS», de esta forma excepcional y exclusiva de ingresos para los no videntes im­posibilitados de desempeñar una profesión u oficio especial».

El Cupón, en contra de lo que propone la letra del Decreto y, por supuesto, su espíritu, no tiene hoy carácter excepcional para ciegos imposibilitados de desempeñar otro trabajo sino que, como forma benéfica de ingresos, ocupa a todos los ciegos del país -más de 20,000 en activo— de los cuales sólo un número no superior a 700 más los 1000 alumnos de los colegios, no venden Cupón.

Entendemos como hecho inevitable que, mientras la O.N.C.E. se organizaba y en tanto no contara con medios econó­micos para poner en marcha una política de capacitación profesional y de integración laboral de los ciegos, fuera el Cupón el único medio de ingresos para todos, pero hoy…

b)     «Formación del censo de trabajadores ciegos -sigue diciendo el Decreto— y de destinos reservables a invidentes en industrias, comercios y casas oficiales o particulares, conforme a las disposiciones que se dicten en la materia».

El número de ciegos que trabajan hoy fuera de la O.N.C.E. es, aproximadamente, de unos 175, contando telefonis­tas, fisioterapeutas y profesionales industriales. Excesivamente poco en 38 años, teniendo en cuenta las cuantiosas sumas que se invierten, pero que se invierten mal por falta de planificación y de una política seria de colocación.

En cuanto al número de trabajos que los ciegos pueden desempeñar, jamás se ha hecho estudio alguno al respecto y, en consecuencia, no hacía falta pensar en la creación de ningún otro centro, ¿Para qué, si de los tres que existen, sólo uno ha colocado a todos los profesionales capacitados? Tampoco era necesario, por tanto, censar el número de indus­trias, comercios y casas oficiales y particulares en que los ciegos pudieran trabajar, si no sabe qué hacer con promociones enteras de profesionales industriales y un montón de telefo­nistas que acaban y no se colocan… Arrancar al Gobierno dictamen alguno… ¿para qué si, aun cuando no se coloquen, siempre pueden vender el Cupón, en tanto que los centros ahí están para poder justificar una política de profesionalización de los ciegos? No parece fácil actuar con mayor desorden, con mayor tibieza o con mayor desinterés.

En el artículo 5º, letra E, del Decreto, y en el artí­culo 16 del Reglamento de 28 de Octubre, se dice:

«El fondo central de la Organización estará constitui­do por los valores mobiliarios, por las fincas adquiridas por el extinguido patronato Nacional o que se adquieran en lo su­cesivo, así como también con las subvenciones concedidas por el Estado y por los fondos propios que se recauden de los particulares y organismos en general».

En el artículo 11 del mismo Reglamento se dice: »El Estado, las Diputaciones y los Municipios deberán coadyuvar a la Asistencia Social de la Gran Obra Nacional de Ciegos».

La O.N.C.E., en su premeditada política aislacionista respecto de todo lo que no sea ella misma, y falta de toda aspiración social seriamente planificada en pro de los ciegos» falta de todo proyecto orientado en otra dirección que no sea la meramente benéfico-asistencial a partir de la venta del Cupón, no sólo se ha negado, de manera obstinada, a recibir cualquier tipo de subvención —venga ésta de donde viniere- sino que ni siquiera quiere oír hablar de ello, porque entiende, y así lo proclama y deja sentir en determinados me­dios de su ámbito, que de esa forma hipoteca su autonomía. Im­porta más argumentar con razones emanadas de hipotéticos re­celos, que pararse a contemplar la realidad de problemas tangibles y al alcance de los menos perspicaces.

En el artículo 3º del mismo Reglamento (letras G y H) se dice, respecto de los fines de la Organización:

g)     «Aprendizaje profesional de los ciegos en todas sus posibilidades, creando los centros modernos adecuados para este fin y aprovechando, con carácter obligatorio para las empresas, los centros privados o públicos de trabajo,

h)     «Dictar disposiciones para la colocación de ciegos debidamente capacitados en las industrias y profesiones».

Si con sólo 700 trabajadores absorbidos por la ONCE, ésta se siente ya muy saturada en sus posibilidades de empleo, y únicamente ha conseguido colocar a unos 175 fuera de su ámbito en 11 años de existencia de los centros de Fisioterapia, Telefonía y Centro de Formación y Rehabilita­ción Profesional Industrial, ¿qué futuro espera a los ciegos de España con una política como la que hasta ahora se ha se­guido, si no es engrosar el ya crecido número de 17.000 vende­dores de Cupón? ¿Dónde está el carácter de excepcionalidad de esta lotería como trabajo ocupacional y medio de ingresos de los incapacitados para desempeñar otro trabajo? ¿Se puede -honesta y razonablemente— ante estas perspectivas, seguir proclamando una política aislacionista y una economía cimentada tan sólo en los ingresos del Cupón, si se quiere cumplir los fines sociales y de justicia que a la O.N.C.E. se le han enco­mendado? ¿Con qué argumentos y en nombre de qué hipotéticos recelos se pueden defender posturas tan absurdas, por no de­cir suicidas?

En el mismo artículo 3º (letra A) se dice:

a) «Dotar a todos los ciegos del jornal necesario pa­ra atender a su sustento y al de la familia a su cargo, equi­parándolos a los obreros o profesionales videntes».

Es claro que se distingue aquí, al introducir los términos «obreros y profesionales» , entre trabajadores cuali­ficados y trabajadores no cualificados. Los no cualificados serían los vendedores, subalternos, limpiadoras, Etc., y los cualificados serían los funcionarios en general, técnicos de imprenta, bibliotecarios, trabajadores profesionales industriales, etc.

Pues bien; en cuanto a los vendedores, éstos venden una cantidad de papel al 40 por ciento que oscila según su estado —soltero, casado, casado con hijos, antigüedad, etc.— y una cantidad obligatoria al 20 por ciento. La comisión por esta venta no sobrepasa en mucho el mínimo estipulado; por lo menos, no lo sobrepasa en la cuantía que les pudiera permitir vivir sin problemas económicos.

No obstante, como después del papel estipulado pueden vender al 20 por ciento cuanto les permitan sus circunstancias o sus posibilidades, sus ingresos diarios pueden oscilar entre las 500 o 600 pesetas y las 1.000, es decir, que mientras unos encuentran dificultades para vender el mínimo, otros venden al destajo. Pero en caso de enfermedad, percibe únicamente el 70 por ciento de un jornal inferior al de cual­quier trabajador no cualificado. En caso de jubilación, percibirá el 100 por 100 sólo después de 40 años de servicio.

En cuanto a los subalternos, su sueldo es ligeramente superior al mínimo estipulado, pero inferior al que se paga en el país en estas categorías.

Por lo que a los funcionarios y profesionales indus­triales se refiere, andan muy lejos también de ser equipa­rados con sus homólogos fuera del ámbito de la O.N.C.E.

Es claro, pues, que también en el aspecto económico resultan perjudicados los trabajadores de la Organización, respecto de los demás trabajadores del país. En consecuencia, tampoco en este caso se cumple ni lo que se propone en el Decreto, ni lo que estipulan las leyes laborales vigentes. Y si no, véase este dato indicativo:

Haberes que percibe inicialmente un profesor de E. G. B. desde el 1-1-1977.

Sueldo base                                                                                                 18.776 pesetas

Incentivo de Cuerpo                                                                                 13.100

Dedicación Plena_____________________________ 4.900

Más los complementos de destino, párvulos, educación especial… incrementados en un 8,5 por ciento, más casa habitación.

Sueldo bruto inicial_________________________________ 37.437»

Descuentos:

12 por ciento del X. R. I. P.:___________________________________ 3.492.

Derechos pasivos:                                                                                      939

Mutualidad:                                                                                                             1.050

Mtt» P. A» C» E»:                                                                                                                   488»

                                     Sueldo neto inicial:                                                                                                                31»459 pesetas.

Lo que hemos anotado por derechos pasivos corresponde al 5 por ciento sobre sueldo-base y trienios, si los hubiera. El descuento por mutualidad corresponde al 2,88 por ciento sobre sueldo-base, incentivo de Cuerpo y Dedicación Plena.

M.U.F.A.C.E. es otra mutualidad que paga el profesor de E. G. B. ; por tanto, las 488 pesetas anotadas corresponden al 2,60 por ciento sobre el sueldo—base.

A esto hay que añadir los ingresos por permanencias, a 300 pesetas por cada alumno y una media de 40 alumnos por cada clase. Es un ingreso ilegal que el Ministerio permite, pero un ingreso real que asciende a 12.000 pesetas. Pongámoslo en una media de 10.000 pesetas, por si hubiera algún colegio más honesto con un número inferior a los 40 alumnos por aula.

En tal caso, los ingresos netos serían: 31.459 más 10.000 por permanencias________________ 41.459.

Ingresos de un profesor de E.G.B. en los colegios de

ciegos:

Sueldo-base:                                                                                                                                                               18.150

Incremento lineal:                                                                                                                                          5.800

20 por ciento sobre sueldo-base, por gratificación obvencional:                                        3.630

Casa-habitación en Madrid: 661

Sueldo-bruto:____________________ _:_________________________ 28.241.

Descuentos:

Por I. H. T. P.:______________________________________________ 3.388.

Sueldo neto inicial:____________________________________________________ 24.812.

Diferencia inicial en contra, respecto del profesor de E. G. B. del Estado___ 6.647.

Pero si tenemos en cuenta las permanencias, que son ingresos reales, la diferencia en contra es de _____ 16,647.

Ésta es la diferencia entre unos y otros maestros de E, G. B. Si lleváramos los datos a la Enseñanza Media, Enseñan_zas Musicales, en sus distintos grados, a los técnicos, a los profesionales industriales absorbidos por la O.N.C.E., etc., las diferencias en contra serían aún mucho más abismales.

Para colmo de males, mientras los maestros estatales pagan dos mutualidades para subsanar las deficiencias eco­nómicas que les supone el hecho de tener que jubilarse, la O.N.C.E., en cambio, $nunca ha pensado en nada de eso, y hacer frente, con mediana dignidad, a las dificultades económicas en esa última etapa de la vida, resulta más que difícil con los sueldos que paga la O.N.C.E.

Aparte esto, están aún sin someter a un análisis se­rio los presupuestos que la O.N.C.E. ha presentado. Cuando eso se haga, es posible que tengamos que hacernos cruces en bas­tantes de sus capítulos, al comprobar cuán alegremente se gasta y qué rendimiento se le obtiene a esos gastos. Lo cierto, de momento, es que arroja un déficit de 200 millones de pesetas, Pero este déficit se muestra a sus trabajadores el momento en que exigen reivindicaciones económicas.

A pesar de todas estas dificultades —gran contradic­ción— la entidad se aferra, de manera obstinada, en permane­cer al margen y en proclamar su autonomía; se niega, contra toda norma, a recabar cualquier tipo de subvención, rechaza las que le ofrecen e impide que la Enseñanza, por ejemplo, sea costeada por el Ministerio de Educación y Ciencia,

b) El problema de los minusválidos en el umbral de la democracia.— En la actualidad la O.N.C.E., aparte ser un vestigio de una orientación trasnochada que, como consecuen­cia de ello, se ve presionada por grupos críticos internos, es también una entidad injustificadamente privilegiada en lo económico, merced al virtual monopolio del Cupón, en contras­te con la penuria de medios con que cuentan otros organismos de atención a minusválidos. Así, mientras la Organización tiene un presupuesto de más de 16.000 millones para atender a unos 28.000 ciegos, un presupuesto parecido se destina al S.ER.E.M. para atender a un millón de minusválidos.

El número de los implicados y la extrema gravedad de sus necesidades, hace más que probable que el tema salte a la palestra de un Parlamento representativo y de una prensa libre. Y esto no es ya cuestión de que la O.N.C.E. quiera o no quiera, sino de que esté preparada para aportar la solu­ción más viable y la mejor para todos.

Hoy, sin embargo, esta solución no existe, ni existe un proyecto con unos fines claros, ni hay entendimiento en­tre todos los que estamos preocupados por un planteamiento positivo de estos problemas. Lo único que estamos haciendo con denodado esfuerzo subterráneo y miedos subjetivos, que provo­can un sinfín de reticencias obstructivas, es formar «capillitas aparte», que impiden cualquier planteamiento sereno.

c) La solución ideal.— En este punto, hemos de apresurarnos a distinguir entre una solución ideal -hoy inabor­dable, tanto por la economía del país como por la propia economía de la O.N.C.E.— y la solución posible.

No se puede negar que la injusticia de nuestro pri­vilegio respecto de los demás minusválidos, es clara, y no ca­be, desde luego, eludir el tema. La solución justa implicaría, a nuestro juicio:

1º Adopción, por parte del Estado, de una política unitaria, coordinadora de todos los esfuerzos y recursos en materia de discapacitados, tanto físicos como psíquicos.

2º Clasificación de todos ellos, por su grado de inca­pacidad, en tres grupos: los absolutamente irrecuperables, a los que se prestarían los auxilios económicos y asistenciales precisos; los capaces de realizar actividades especialmente simples, tales como expendición de loterías, adminis­tración de quinielas, regentación de estancos, Etc.; los que, una vez preparados convenientemente, pueden desempeñar tareas creadoras de riqueza, bien en centros de empleo protegido, bien en régimen normal, con las medidas oportunas de apoyo a su colocación.

Una política así, resultaría tan costosa e implicaría la remoción de tantos intereses y privilegios, que es casi imposible que pueda llevarse a cabo en un sistema económico como el nuestro y, sobre todo, en un Estado incapaz, hoy, de afrontar unitariamente una problemática así planteada. Sería, indudablemente, un planteamiento teórico correcto e ideal, pero inabordable en la realidad actual.

A pesar de todo, la O.N.C.E. no puede considerar como imposible un planteamiento de esta índole que, en unas Cortes democráticas, cualquier Diputado puede alentar y reivindicar. Cabe, incluso, como reivindicación más probable, que un grupo de Senadores, a petición de sus representados, alienten tal reivindicación para sus respectivas provincias o regiones. Un plantel así, sería mucho más factible que un planteamiento a nivel nacional. El caso es que el problema podría surgir, no ya a nivel de minusválidos únicamente y de manera global, sino a simple nivel de ciegos, las dos posibilidades existen: que se lo planteen todos los minusválidos de cada región, o que se lo planteen sólo los ciegos, tanto en uno como en otro caso, no se puede olvidar que hay regiones que podrían desenvolverse perfectamente con una política por ellas pro­gramada.

Está claro, pues, que las regiones pueden reclamar para sí el derecho de resolver sus propios problemas en mate­ria de minusválidos –bien ciegos, bien de minusválidos en general- con mayor garantía de lo que hasta ha ofrecido la O.N.C.E.

Si, por lo que a los ciegos se refiere, el hecho se planteara en términos de una Confederación con unos fines comunes, el problema no sería grave; por el contrario, sería mucho más eficaz, Pero si se plantea como un desmembramiento con autonomía absoluta, la unidad de la entidad desaparecería, y esto es, precisamente, lo que debe impedirse con una política de apertura real.

En estas circunstancias, pues, abogar por una Orga­nización como corporación cerrada con un intento de democra­tización meramente formal, a través de una representatividad que nadie sabe para qué sirve; sin un proyecto serio entre las manos; sin unos fines definidos en materia profesional, laboral, docente, económica; sin una idea clara de su rees­tructuración; con unos presupuestos inmovilistas insostenibles hoy; sin más oriente que la venta del Cupón y la creación —Hasta la saturación— de puestos improductivos; sin otra aspiración social que la benéfico-asistencial para todos; al margen, sus trabajadores, de las leyes laborales del país y por debajo de las condiciones económicas del resto de los españoles en todos los sectores; abogar por una Organización así, no pasa de ser un intento suicida en un futuro inmediato. Y esto, por más que sus dirigentes pretendan hacer ver lo contrario desde sus posturas inamovibles.

Sabemos que las soluciones ideales, por las que hay que luchar, siempre serían las mejores si fueran siempre las más viables; pero no siempre lo son o, cuando lo son, lo son sólo a muy largo plazo. De ahí, que propongamos también la solución posible y que en nada compromete la seguridad de la O.N.C.E.

d) La mejor solución de las viables.— Es innegable que una mera distribución del Cupón y de sus beneficios entre to­dos los minusválidos irrecuperables para desempeñar otro tra­bajo, a nadie resolvería nada y sí pondría en peligro los lo­gros asistenciales de la O.N.C.E.

No obstante, sin ánimo defensivo y egoísta y sin dejar, por ello, de aspirar y luchar por la solución global apuntada, cabe señalar el siguiente camino:

1º Modificación radical de la política de la Orga­nización, en el sentido que se ha indicado, y progresivo abandono de los ingresos del Cupón en favor de otros sectores de minusválidos,

quiere decirse que, como la O.N.C.E. viene obligada a ofrecer el Cupón únicamente a los ciegos irrecuperables para desempeñar otro trabajo, tiene, por tanto, el deber, la obligación ineludible de administrar una política amplia y real de promoción y capacitación profesional de todos los de­más ciegos, dentro de las posibilidades y aptitudes de cada uno.

Esto, acompañado de una política eficaz de colocación, llevaría consigo una disminución progresiva de los ciegos vendedores de Cupón. En consecuencia, hay que pensar en un notable deterioro de las posibilidades de financiación por parte de la entidad, Pero si en el lugar de los ciegos que pasen a desempeñar profesiones reales colocamos como vende­dores a minusválidos videntes, no aptos para otros trabajos, este problema de disminución de ingresos quedará subsanado.

Ello, naturalmente, controlado por la O.N.C.E., con el fin de no saturar el mercado o de que no se produzca un desajuste entre la oferta y la demanda, y mediante la oportuna reglamentación gubernamental, con intervención de la Orga­nización y del S.E.R.E.M.

A pesar de todo —y no nos cansaremos de decirlo— pretender una política real y eficaz de promoción profesio­nal de los ciegos y una política de atención suficiente a todos los demás sectores de la Obra, a partir de una econo­mía únicamente cimentada en los ingresos que proporciona el Cupón, es pretender un imposible y condenarse a no pervivir y a no seguir cumpliendo —o cumpliendo muy deficientemente— lo que hace 38 años se nos ha encomendado. Y si durante este período hemos podido justificarlo todo —unas veces en aras de unos hechos reales y plausibles» otras, en aras de la defor­mación y de la más absoluta ausencia de objetividad— a partir de ahora sólo podremos justificar lo que verdaderamente ha­yamos hecho y hagamos, sin posibilidad de lavarle la cara a las cosas con detergentes baratos.

Sólo una política controlada y pública, no aislacio­nista, como hasta aquí, y como se pretende todavía hoy, pondrá al descubierto los fines sociales y reales de la O.N.C.E. y sus logros.

2º Por tanto, esta acción de profesionalización de los ciegos y abandono progresivo de los ingresos del Cupón en favor de otros sectores, debe ir coordinada con un decidi­do apoyo legal del Gobierno, mediante una política adecuada de empleo, y una contribución progresiva, por parte del Estado, asumiendo los gastos de ciertos servicios (enseñanza, contribución a la creación de centros de capacitación profesional y coste de mantenimiento cuando la Organización no pueda hacer frente a todos los gastos, etc.).

Con esto, el Estado no haría otra cosa que cumplir con la obligación que ha contraído por Decreto propio hace 38 años, según queda dicho más arriba, y que la O.N.C.E. se ha esforzado en hacerle olvidar.

3º Recabar, asimismo, el apoyo económico de cuantos organismos oficiales y particulares se presten a ello, en caso de que las subvenciones estatales sean insu­ficientes, y no rechazar, como se ha hecho —y se ha dicho ya— sustanciosas ayudas de hasta 500 millones de pesetas e, incluso, solares.

Sólo así, con unos criterios de operatividad y con un cambio radical de la política de la entidad, se justificaría la consolidación de su situación actual como organismo pú­blico paraestatal y sin que fuera englobado en una ley Gene­ral de Servicio a Minusválidos o desmembrada por regiones, invertebración, sin duda, muy peligrosa.

Hay causas para que este peligro, latente hoy, pueda patentizarse un día, Y esto podría suceder en un futuro no muy lejano, si la ONCE sigue observando la realidad desde su impotencia para cualquier proyecto operativo, o desde su miopía para ver más allá de la superficie. Pero la causa más grave es su propia política inmovilista con su paternalismo autoritario y anonadante, con su falta de aspiraciones y su Gobierno excesivamente oligárquico, con sus cargos inamovi­bles que han tronchado tantas aspiraciones personales. Por eso, conviene no olvidar, en estas circunstancias tan aptas para sacudirse yugos o ataduras demasiado incómodas, que las regiones —sobre todo aquellas que tienen capacidad económica para desenvolverse con absoluta independencia— podrían despertar de su marasmo de sumisión y colmar así otras aspira­ciones, tanto personales como comunitarias.

VI.— La O.N.C.E. en el contexto de organizaciones para ciegos.—

Finalmente, la Organización que propugnamos debería desempeñar, a nivel internacional, el papel que, por sus características, le compete: ser paladín de una cooperación internacional, por encima de las barreras nacionales y políticas, que permitiera la realización de programas de investigación comunes sobre aspectos oftalmo­lógicos y, en general, medios técnicos auxiliares del ciego, lo que, a buen seguro, haría avanzar la condición social de éste, avance hasta ahora muy lento, a causa de la guerra de prestigios que nos es dado contemplar.

la línea de este programa, en el que faltan tantas cosas que tocar y sobre todo la contribución de los que estén de acuerdo con su esencia, difícilmente podrán compartirla los que dulcemente se oponen a los dirigentes de la O.N.C.E., pero no a su política; los que pretenden una renovación a partir de una simple remoción de cargos, pero para funcionar con los mismos presupuestos de siempre; los que, en nombre de principios básicos que no pasan de ser simples términos abstractos al alcance de cualquier paladín iluminado, hacen profesión de fe de no sabemos qué principios, entre oquedades retóricas y ampulosas ambigüedades; los que veladamente, en mal estilo, ocultos en el anonimato y en son de «perdonavidas», acusan a los que se atrevieron, con más o menos acierto, a de­nunciar sin eufemismos lo que creyeron que estaba mal.

A pesar de todo, también este programa va dirigido a ellos y a cuantos quieran meditar seriamente en el rumbo que la Organización debe seguir, y si no quieren, de ellos será la responsabilidad.