Empleo, Justificación y repercusiones
Primer simposium sobre problemática laboral y empleo de los deficientes visuales.
Justificación del carácter prioritario de una política de promoción profesional y empleo por parte de la organización, y repercusiones de la misma en la estructura y funcionamiento de la ONCE.
Paralelamente al contenido de la comunicación “Un modelo de política de promoción profesional sin perder de vista el carácter eminentemente transformador, que desde mi criterio debe presidir estas reuniones, recojo en esta comunicación las repercusiones que una política como la descrita, tendrían necesariamente que producir en el conjunto de la estructura y funcionamiento de la organización, fundamentalmente respecto de su base financiera y la organización funcional del trabajo, lo que conllevaría un replanteamiento de la política de personal.
No sin antes justificar con los argumentos más convincentes a mi alcance, el carácter prioritario de una política que como veremos, conllevaría una práctica remodelación de la ONCE que conocemos; de lo contrario, difícilmente se sostendría la propuesta de un cambio tan profundo como el que se propone.
1. Justificación del carácter prioritario de la política de promoción profesional.
1.1. Exigencia de la política actual en materia de minusválidos.
Una serie de circunstancias económicas e ideológicas explican el avance de la conciencia social y política respecto al tema de la disminución física y psíquica. De la conmiseración y la caridad se pasó a la ayuda económica a los minusválidos por accidente de trabajo y enfermedad profesional; más tarde, por contingencias no laborales; luego se iniciaron tímidos intentos de atención recuperadora, por parte de instituciones aisladas (1962 el fondo compensador de accidentes de trabajo y enfermedad profesional), el 28 de diciembre de 1963 , con la promulgación de la ley de bases de la Seguridad Social asistimos a la consagración legislativa, aunque sólo programática, de una nueva actitud respecto de los minusválidos , como parte de la mejora cualitativa de la acción protectora de la Seguridad Social en España.
Esta nueva actitud se refleja en la valoración de la rehabilitación como instrumento de reinserción social y laboral de cada minusválido, como un derecho individual y un imperativo de rentabilidad social.
En las sucesivas disposiciones de desarrollo de esta ley, se van configurando una serie de ayudas, normas y servicios, en favor de los discapacitados cuya enumeración aquí, además de prolija sería innecesaria, y cuya escasa efectividad es tan evidente como su inequívoca orientación, a saber la consecución de un trabajo real para cada minusválido como objetivo central de su existencia y medio idóneo de integración social.
En suma, se ha creado una nueva filosofía en materia de atención a minusválidos, pero ahora falta su traducción en resultados prácticos y generalizados.
La actuación del Estado en esta parcela de la acción social en los últimos quince años tiene, como dice Machado de las canciones infantiles, confusa la historia y clara la pena.
No obstante es una tendencia irreversible que una sociedad democrática y económicamente saneada, la España que esperamos dentro de un lustro, hará realidad, e invalidará de facto, la existencia de organismos con una política benéfico-asistencial y paternalista, como la seguida por la ONCE en estos últimos 40 años
1.2. Condición de supervivencia de la ONCE.
La viabilidad de la organización en el próximo futuro se ve amenazada, de seguir la orientación actual, por dos razones una de ellas queda apuntada en el párrafo anterior, la otra tiene que ver con la problemática de la cobertura financiera de la atención a minusválidos.
Efectivamente, en el seno de un sistema sociopolítico que aporta, casi fatalmente, recursos insuficientes para la solución de este problema, es injusta además de improbable en el juego democrático, la pervivencia de una situación económicamente tan privilegiada como es la de los ciegos españoles respecto de otros sectores de discapacitados.
Un planteamiento global y consiguientemente equitativo para todos los sectores, del problema de los disminuidos, por parte de la Administración, cede hoy por hoy, ante la urgencia de otros problemas económicos y políticos, pero es previsible y lógico a la vuelta de unos años. En ese momento, la ONCE sólo será viable si es positiva la valoración de sus logros conforme a criterios actuales, si es capaz de ofrecer un proyecto moderno de política de integración del ciego con compromisos y plazos concretos para su ejecución. La única razón para continuar en la situación presente habrá de ser la inutilidad de un reparto que a nadie arregla nada, que desmonta estructuras que pueden ser aprovechables.
No obstante, ante las aspiraciones absolutamente justas de otros minusválidos, sólo podrá dar consistencia a estos argumentos, una política programada de promoción profesional por parte de la ONCE; y en cierto modo, la Asunción por ésta de un papel de vanguardia del colectivo de los discapacitados para buscar unidos las soluciones a los múltiples problemas. Y ello no se logra con llamamientos apocalípticos a la unidad y a la defensa de un privilegio desde posturas integristas, sino con un replanteamiento radical de la línea de la entidad.
1.3. Desencadenante de la modernización de la educación especial de ciegos.
Una política de promoción profesional y un consiguiente programa de capacitación profesional para cada alumno, dinamiza y compromete la estructura del sistema educativo, estimula y exige individualmente al invidente. El éxito de la prueba definitiva que supone la consecución de la colocación, constituye un test a cuya evidencia no pueden sustraerse ni los responsables de la educación ni el propio ciego.
1.4. Capacitación profesional y empleo como vía idónea de integración plena del discapacitado en la sociedad.
Si hubiera que completar el conjunto de argumentos institucionales y estructurales que hasta aquí se han expuesto con una justificación racional y teórica del carácter prioritario de la integración profesional, la labor no sería difícil. En el seno de una sociedad individualista de la actividad, como es la europea occidental, y dentro de un sistema socioeconómico capitalista, las pautas de comportamiento y de valores vigentes, hacen del trabajo hoy por hoy y al margen de doradas y sugestivas sociedades futuras, un factor esencial en la autovaloración del individuo y en la valoración social proveniente de la imagen que éste proyecta y que a su vez revierte en aquélla.
El minusválido, como situación vital, no puede permitirse el lujo de cuestionar unos valores, por otra parte absolutamente cuestionables, a priori de su integración. Si el trabajo desencadena en el individuo una serie de reacciones que afectan a su seguridad individual, que configuran su entidad personal, si es el pasaporte definitivo que legaliza la libre circulación en pie de igualdad por esta sociedad, el minusválido no puede sustraerse a estos patrones que se le imponen desde fuera por una comunidad en la que le resulta vitalmente imprescindible integrarse.
De esta manera, el desempeño de una actividad socialmente creadora de riqueza, siempre que sea posible, y personalmente satisfactoria, es condición de posibilidad de una ulterior integración plena, equilibrada y lúcida del minusválido, en la sociedad, aquí y ahora.
2. Repercusiones de esta política en la nueva ONCE.
Es obvio que la ¿solución? de una política de promoción profesional como un objetivo prioritario, provocaría una transformación cualitativa de la estructura y el funcionamiento de la organización que conocemos.
Cabe, de una manera esquemática recoger los aspectos más salientes de esos cambios, que configuran por otra parte, la, a nuestro entender, única ONCE posible en el próximo futuro.
2.1. La nueva base financiera.
La disminución del número de vendedores de cupón, que sería el indicador del éxito de una política de promoción profesional, repercutiría desde el punto de vista económico en el recorte de la autonomía financiera de la entidad; por otra parte, esa base es y será cada vez más peligrosamente inestable tal y como hoy se concibe y a la luz de las circunstancias del país. Hay por tanto que replantearse la cuestión desde presupuestos más realistas, e ir abandonando este privilegio de emergencia y excepcional, por derechos estables.
La base financiera de la entidad estaría compuesta en convergencia dinámica y evolutiva por
A) Los beneficios del cupón que durante un tiempo, suficiente para permitir maniobras inteligentes y flexibles, seguirá siendo la mayor partida del total. Esta afirmación conlleva por una parte, la implantación de nuevas modalidades de venta, cupón al 30% de comisión, la modernización del mismo cupón prociegos como lotería y sobre todo, la racionalización y flexibilización de la venta con vistas a obtener el mayor rendimiento posible a cada mercado.
Estas medidas podrían reducir, especialmente en los primeros años, el índice de caída de los ingresos por este concepto.
B) Subvenciones estatales y de los entes locales.
Previstas en el decreto fundacional, difícilmente en una organización autárquica que gozaba de una relativa suficiencia económica, y en una España subdesarrollada, podían haberse hecho realidad en los últimos 40 años, la situación en adelante sería radicalmente distinta. Una ONCE con recursos insuficientes en proceso de disminución de vendedores en beneficio de otros sectores de disminuidos, en un país cuyos organismos públicos irán poco a poco aumentando las partidas sociales de sus presupuestos, componen un panorama que hace viable la percepción de estas subvenciones si la ONCE aprovecha su nombre y presenta una imagen adecuada.
C) Ayudas privadas de instituciones y particulares. En una labor de concienciación, es posible recoger respuestas económicas, aunque en España no se dé el fenómeno filantrópico con la extensión que en otros países, fundamentalmente nórdicos. Por otro lado, las iniciativas concretas, centros educativos y de recreo, centros piloto de empleo protegido etc., pueden encontrar apoyo en instituciones sociales, cajas de ahorros, singularmente, si se aprovecha el fenómeno de las autonomías regionales y se tiende a la descentralización de servicios por parte de la ONCE, fundaciones culturales, y benéficas especiales, etc.
D) En último caso, y siempre que se aplique con un criterio estrictamente social, cabe pensar en aportaciones de los beneficiarios, la gratuidad total que marcaba todos los servicios de la entidad, eficaz en una España de posguerra, y posible con unos ingresos como los de la organización, no puede ser hoy un límite a sus servicios formativos y de promoción, es mejor que se cobre lo necesario, a quien puede pagarlo, por supuesto, que se dejen de prestar servicios importantes. Para el caso de la promoción profesional, se podría pensar en una ayuda a la financiación de algunos centros, mediante la reversión de cuotas postempleo por parte de los beneficiados que alcanzasen un nivel mínimo reingresos, con carácter progresivo. En los años que se avecinan habrá que despertar la solidaridad entre los ciegos, más para estas empresas mutualistas que para defender privilegios injustificados.
Todo lo que procede no obsta, sino que implica la adopción de toda una serie de medidas de saneamiento de la entidad que pasan por la aplicación de la circular en vigor, en materia de reducción de personal, en el seno de una nueva política de personal sobre nuevas bases provisión de plazas reales exclusivamente, aprovechamiento y reconversión del personal existente, amortización de los puestos innecesarios y de los servicios no básicos o prescindibles, etc.
2.2. Remodelación de las funciones de los funcionarios Jefes Administrativos.
Enlazado con el párrafo anterior, se encuentra el tema de las funciones de los jefes administrativos. La política seguida por la entidad en materia laboral, ha concentrado en estos puestos un contingente de ciegos capaces y preparados, que se han visto prácticamente supeditados a la realización de tareas de supervisión burocrática, escasamente compatibles con las capacidades específicas residuales del invidente, ya que las parcelas de gestión asignadas, o no eran muy reales, o se han visto escasamente propiciadas por la acción institucional. Este contingente laboral podría dar la medida de sus posibilidades en otros cometidos como los que se propugnan sin aumentar gasto de personal con la adecuada información.
Por otra parte la lógica redistribución de funciones que ha de seguir a un cambio de orientación como el que se preconiza, se necesitarán más que su concurso como cajero y secretario, su imaginación al servicio de la formación de las familias, del asesoramiento de estudiantes en régimen integrado, de la lucha concreta por el empleo.
Baste apuntar algunos criterios para esa remodelación
A) Asunción de la responsabilidad de la supervisión del trabajo burocrático por parte del delegado provincial o un secretario vidente cuando el volumen de tareas lo justifique.
B) Destino de los jefes administrativos ciegos a funciones acordes con la nueva línea de actuación de la entidad; asistencia, formación y empleo de ciegos, labor de apoyo a los estudiantes en régimen integrado, de su demarcación, recuperación de materias en los periodos vacacionales para los alumnos de los colegios; y en coordinación con éstos, de formación y enlace con las familias de los afiliados en uno y otro caso, de promoción cultural de los afiliados, de colaboración en la presentación de una imagen realista y dinámica de la entidad y de los problemas de los no videntes, etc.
C) Reconversión de los funcionarios titulados e incorporación a los equipos de valoración profesional que pudieran crearse y a los que se ha hecho alusión en mi comunicación ‘Un modelo de política de promoción profesional’.
D) Realizar concurso-oposición específico para cada profesión definida problema de promoción profesional y empleo, cuestiones educativas etc., exigiendo una titulación adecuada y específica para cada caso.
2.3. La nueva imagen.
Toda esta serie de modificaciones estructurales y organizativas han de venir acompañadas por un cambio en el estilo de la organización. No vale ya ese talante defensivo y aislacionista en los afiliados, no vale ya esa actitud exhibicionista ante la sociedad, ni siquiera esa suficiencia económica ante los poderes públicos, ni esa imagen redonda y tranquilizadora de problema resuelto que hemos venido proyectando.
La nueva ONCE ha de ser necesariamente el fruto de la solidaridad racional de los afiliados, de la actitud abierta, progresiva y solidaria con los demás minusválidos, democrática y programática en su devenir interno, agresiva y reivindicativa en el sentido estricto de estas palabras.
Vamos a necesitar a la sociedad, a los poderes públicos, a los grupos económicos, a los empresarios, de modo que habrá que dirigirse a ella en un lenguaje directo y realista, implicarla con la información en nuestra obra.
Propuesta de conclusiones.
Primera.
Que en los planes de la institución se conceda a la promoción profesional y al empleo de los ciegos, el carácter prioritario en base a
1. La insuficiente atención que se le ha prestado durante los años de vida de la organización.
2. Las exigencias del marco legislativo de nuestro país y de la línea general de la actuación del estado en esta materia.
3. el carácter de condición de supervivencia de la actual organización en el próximo futuro.
Segunda.
Que previos los estudios detallados y técnicos, se examinen las repercusiones que desde el punto de vista financiero tendría una política de promoción profesional como la que se ha descrito; y se arbitren las medidas transitorias y las modificaciones estructurales, paralelamente a la implantación de la misma.
Tercera.
Que se reconsideren las funciones de los funcionarios jefes administrativos y se reajusten las mismas conforme a criterios de eficacia, carácter real de los puestos de trabajo y adecuación al cumplimiento de los fines de la nueva organización.